if08-09 - Asamblea Legislativa

46 Defensoría de los Habitantes
Informe Anual de Labores 2008-2009
estratégica de muy corta visión, ocupada en
los delincuentes de hoy y no en los de mañana.
Una política de seguridad ciudadana
con inclinaciones fuertemente represivas es,
ante todo, una forma de escapismo colectivo.
Plantear el problema de la seguridad ciudadana
como un conflicto de los ciudadanos
honrados y decentes contra los desviados,
es negarse a admitir que estos últimos no son
parte de una sociedad paralela y ajena, sino
de la nuestra. La inseguridad ciudadana no
es un tumor que debe ser extirpado, sino la
purulencia que pone de manifiesto una infección
generalizada” 13 .
En la línea de la represión se encuentran algunos proyectos
de ley recientemente discutidos o que permanecen
en la corriente legislativa, los cuales presentan
una visión reducida, reiterando los errores cometidos
y apuntados supra. Se limitan a la atención de determinados
aspectos del sistema jurídico penal, sin responder
a una verdadera política criminal. Asimismo, la
diversidad de los institutos que se pretenden regular y
la diferencia en los principios y necesidades a los que
obedecen, dificulta la visualización de los efectos que
estas reformas tendrán en el sistema jurídico penal
costarricense como un todo y facilita que se incurran
en contradicciones.
Debe reconocerse que entre esos proyectos existen
algunos que son una necesidad imperiosa para el
país, pues persiguen las nuevas formas de delincuencia,
frente a las cuales el ordenamiento jurídico vigente
y el aparato institucional del país presentan algunas
deficiencias; tal es el caso de la regulación referida a
la persecución del crimen organizado. Empero, unidas
a estas reformas se han tramitado otras que tienen
como único objetivo la elevación de las penas en delitos
de delincuencia común o bien, agilizar los procesos
mediante la reducción significativa de los plazos, para
el enjuiciamiento de este tipo de ilícitos.
Respecto de ambos supuestos -sanción del crimen
organizado y mayor represión en el caso de la delincuencia
común- llama la atención la facilidad con la
cual fue aprobada la reforma que creó el proceso de
flagrancia frente a las dificultades que se presentan en
la aprobación de la penalización de la delincuencia organizada.
Esta situación puede obedecer al deseo de
satisfacer la opinión pública, más cercana a la delincuencia
cotidiana, antes que a la atención del verdadero
problema de inseguridad del país. Por otra parte y
13 Venciendo el Temor. (In)seguridad Ciudadana y Desarrollo
Humano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
2005. Pág. 55.
considerando el perfil de los sujetos involucrados en el
crimen organizado, este comportamiento por parte de
la Asamblea Legislativa, refuerza el carácter selectivo
del derecho penal y la ausencia de una política penal
clara y coherente, con lo que fortalece la pretensión de
criminalizar la pobreza.
Otro proyecto que fue aprobado y puede ser considerado
como un avance importante es el de regulación
de los mecanismos de protección de las personas
víctimas del delito. Empero, en las últimas semanas se
ha evidenciado que esta reforma no fue acompañada
de una dotación presupuestaria que garantizara su
operatividad.
La ausencia de una visión integral en el campo de la
Seguridad Ciudadana, no sólo implica la repetición
de los errores anteriores sino también un riesgo para
la existencia del modelo democrático de la sociedad
costarricense. Es necesario que las decisiones que se
adopten para la atención de esta problemática tengan
como eje principal la vigencia plena de los derechos
humanos de cada uno de los y las habitantes del país.
De esta forma se realzarán los valores de tolerancia
a la diferencia y de solidaridad que son necesarios
para garantizar la cohesión social. Por el contrario, la
adopción de las medidas estrictamente de contenido
represivo y punitivo exacerban las actitudes de intolerancia
y de desconfianza en la población, las cuales se
traducen en la adopción de medidas represivas para el
abordaje, ya no sólo de la delincuencia, sino de toda
problemática social.
V.
La invasión de la seguridad privada
El aumento del temor de la población ante la inseguridad
convierte en un negocio la oferta de bienes y
servicios de seguridad, alimentado por la erosión de la
confianza de la población en la capacidad del Estado
de garantizar su seguridad personal y patrimonial.
Esta es una realidad a la que no escapa la sociedad
costarricense; de hecho en los últimos años se ha presentado
un incremento en la cantidad de empresas de
seguridad privada, agentes y armas con las que cuentan.
14 Paralelamente ha aumentado la adquisición de
armas pequeñas por parte de los particulares. 15
14 Ibídem Págs. 308 y siguientes. Puede consultarse: Crimen y
Desarrollo en Centroamérica. Oficina contra la Droga y el Delito de
las Naciones Unidades. 2007. Págs. 21-22
15 Atendiendo la solicitud de la Asamblea Legislativa, en diciembre
de 2006 la Defensoría de los Habitantes, mediante oficio No. PE-
0307-2006- emitió el criterio técnico del expediente legislativo No.
16429, correspondiente al Proyecto de reforma a la Ley de Armas y
Explosivos. El criterio fue emitido en sentido favorable a la reforma
en el tanto implicaba una reducción en la cantidad de armas que se
podían legítimamente poseer y el establecimiento de controles más
efectivos. No obstante, a la fecha el proyecto no ha sido aprobado.