if08-09 - Asamblea Legislativa

60 Defensoría de los Habitantes
Informe Anual de Labores 2008-2009
b. Caso tragedia en Cacao de Atenas
La Defensoría de los Habitantes de la República recibió
una denuncia 25 de un grupo de vecinos del sector
de Fátima, El Cacao de Atenas, bajo la carretera que
conduce a Santa Eulalia, en la cual se planteó que
debido a un derrumbe de un muro de gaviones en
octubre de 2007, se vieron obligados a abandonar
sus viviendas, algunas de éstas en buen estado. No
obstante lo anterior, la ayuda estatal prometida no ha
sido la esperada y varias familias se han visto en la
obligación de volver a sus antiguas casas, ubicadas
en zona de riesgo.
Una vez concluida la investigación, la Defensoría pudo
constatar que la zona no es segura para que la gente
vuelva a sus viviendas –las que aún quedan en pie—
ya que todavía existe inestabilidad de las laderas,
además de flujo de material y lodo, por lo que se recomienda
no realizar nuevas construcciones en el lugar
y reubicar la totalidad de los inmuebles, así confirmado
por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias (CNE) y la Universidad de
Costa Rica.
Asimismo, se verificó que de acuerdo con los datos
suministrados por el Instituto Mixta de Ayuda Social
(IMAS), en dicha tragedia se vieron afectadas 27 familias.
Sin embargo, de acuerdo con su legislación, se
aprobó el subsidio para ayudar a mitigar el daño a 4
familias. Dieciséis familias, de acuerdo con el estudio
socioeconómico realizado, no se consideran como
prioridad para obtener un beneficio institucional; 6
casos se encuentran pendientes de nueva valoración
y un caso para suspender el beneficio aprobado. Lo
anterior, deja en un gran estado de vulnerabilidad a
las familias referidas, mismas que se encuentran con
algún nivel de dependencia de la ayuda estatal para
continuar su vida en condiciones favorables.
Finalmente, la Municipalidad de Atenas compró un
terreno para la reubicación de las familias afectadas,
pero éstas no lo aceptaron por considerar el sitio inadecuado.
Por lo tanto, ese gobierno local nombró una
comisión interinstitucional para mitigar los efectivos
nocivos del desastre.
En casos como el presente, la Defensoría considera
que en este tipo de situaciones, la ayuda económica
del Estado, de acuerdo con la legislación nacional,
se enfoca en personas calificadas como de extrema
pobreza, por lo que el subsidio dado es temporal y luego,
las familias deben asumir los costos. Lo anterior
atenta contra los fines encomendados al Instituto Mixto
25 Expediente No. 18506-2008
de Ayuda Social (IMAS), en su ley de creación 26 en
punto a la atención de las necesidades de los grupos
sociales o de las personas que deban ser provistas de
medios de subsistencia cuando carezcan de ellos.
Se considera oportuno indicar que se podría plantear
un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para
que preste ayuda a personas que no se encuentran
en esta situación –extrema necesidad--, así como
impulsar algún tipo de exención ante los bancos para
condonar o congelar las deudas pendientes –obviamente
hipotecas de casas afectadas— y facilidades
para asumir nuevos préstamos, dada la situación de
emergencia. De haber responsables, de acuerdo con
lo que indique un tribunal, y de existir una indemnización
a los afectados, se levantaría la condonación de
la deuda, ya que se contaría con los fondos necesarios
para rehacer su vida.
En cuanto al papel de la CNE en la atención de esta
emergencia, ha realizado múltiples acciones en el presente
caso, sin embargo, se considera indispensable
que tenga un papel más activo en la atención de las
emergencias y que le dé seguimiento a los informes
que realiza. Por lo tanto, es necesario que realice
una actividad y reúna a las familias afectadas por esta
tragedia y explique, claramente, cuál es la situación
actual de acuerdo con los resultados obtenidos del último
informe elaborado por esa Comisión, con el fin de
alertar del peligro en que se encuentran las personas
que continúan viviendo en el sitio. Asimismo, considera
esta Defensoría, debe coordinar acciones con la
Municipalidad de Atenas y el Ministerio de Salud para
dotar de vivienda a las familias afectadas, tal y como lo
ha señalado reiteradamente la Procuraduría General
de la República 27 .
Asimismo, la Municipalidad de Atenas tiene un papel
primordial de velar por el bienestar de estas familias
y del terreno en donde se reubiquen, así como que su
desarrollo se realice armónicamente con el ambiente
y en procura de una mejor calidad de vida para sus
habitantes. También debe velar porque las obras que
eventualmente se construyan, cumplan con los requisitos
mínimos y se realicen bajo su vigilancia.
Por lo anterior, es urgente que la Municipalidad
de Atenas, la CNE y el Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos asuman su responsabilidad
en cuanto a este caso y tomen las medidas necesarias
para reubicar a las familias afectadas, mismas que han
visto fuertemente lesionadas sus derechos humanos.
26 Ley Nº 4760
27 Dictamen No. C-257-98 del 30 de noviembre de 1998.