if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo II: Informe de Gestión Dirección de Niñez y Adolescencia 347
que las seis subcomisiones que funcionaron durante
el año presentaron su informe de labores. Se puso de
manifiesto, una serie de limitaciones que incidieron en
el avance a un ritmo más rápido y con mejores resultados,
entre ellas se destacan las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La necesidad de formalizar la Comisión Nacional
de Prevención y Control de la Desnutrición,
CONADI, mediante la emisión de un Decreto
Ejecutivo que la consolide, para hacer efectivo
el Plan Nacional Hacia la Erradicación de la
Desnutrición Infantil 2008-2012.
Dificultad en la realización de actividades programadas
por no contar con presupuesto propio para
su desarrollo.
Limitaciones para la formalización y continuidad
de las y los representantes de las instituciones
integrantes de la subcomisión.
Imposibilidad para captar fondos externos, ya sea
de organizaciones no gubernamentales, o que
se incluyan en el presupuesto de cada institución
participante.
Dificultad de incorporar la temática de la desnutrición
en el accionar y planes de trabajo de las
Instituciones que la conforman.
Debido a la reestructuración a la que ha sido sometido
el Ministerio de Salud, se ha dificultado determinar
a quién o qué Dirección o Departamento
pertenece la CONADI, en primer término estaba
bajo la coordinación de la SEPAN, actualmente se
señala que pertenece a la Dirección Planificación
Estratégica y Evaluación de las Acciones en
Salud.
Durante este año 2009, la Defensoría de los Habitantes
estará pendiente de que se tomen las medidas necesarias
para subsanar las debilidades y dificultades
señaladas. Al respecto, se reitera la necesidad de
promulgar un Decreto Ejecutivo para consolidar la
CONADI, así como dotarla de los recursos económicos
que requiere para el desarrollo de las actividades del
Plan para la Erradicación de la Desnutrición infantil.
Comisión Nacional contra la Explotación Sexual
Comercial de Personas Menores de edad
(CONACOES)
Entre las las acciones interinstitucionales a las que
particularmente la Defensoría de los Habitantes ha
venido brindando seguimiento, como un esfuerzo
conjunto para erradicar prácticas violatorias a los derechos
humanos de la población menor de edad, es la
CONACOES.
La Defensoría de los Habitantes, ha insistido en los
informes anteriores sobre la necesidad de asumir el
tema con la diligencia y prontitud que demanda, requiriendo
de las instituciones competentes el abordaje
de este problema desde una perspectiva integral, que
abarque aspectos preventivos, identificación de víctimas
y formas de atención, además, la eliminación de
toda forma de impunidad frente a la comisión de este
delito.
Mediante su labor de asesoría y recomendación en
el seno de la Comisión contra la Explotación Sexual
Comercial (CONACOES), ha reiterado la necesidad
de concretar las acciones descritas dentro del Plan
Nacional contra la Explotación Sexual Comercial, principalmente
lo tendiente a la estimación y destino de los
recursos disponibles o necesarios para hacer viables
las tareas identificadas, dentro de las instituciones,
además de la permanencia y el compromiso de instancias
claves en la atención de esta población. Además,
de las acciones encaminadas a atender a la población
menor de edad víctima de esta violación, desde varios
ángulos como la edad, el sexo y orientación sexual.
Sobre este último aspecto, la Defensoría de los
Habitantes se encuentra vigilante ante el cumplimiento
de lo establecido por la Sala Constitucional mediante
resolución Nº 15751-2008 del 21 de octubre del
2008 citada anteriormente y que representa un
desafío particular para esta comisión y las instancias
responsables en la materia que la componen.
Evidentemente esta resolución implica un importante
precedente en la materia, tomando en consideración,
tal y como lo planteó la Defensoría de los Habitantes
en períodos anteriores, que la oferta institucional
para la atención especializada de las y los jóvenes en
explotación sexual comercial ha sido muy limitada en el
país, más aún tratándose de explotación masculina. Se
conoce de casos donde esta violación a sus derechos
es persistente, sin que el PANI haya podido asegurar
la efectividad de las medidas que ha adoptado para
la protección de las y los jóvenes involucrados. Es
evidente que el señalamiento de la Sala Constitucional