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if08-09 - Asamblea Legislativa

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Capítulo II: Informe de Gestión Dirección de Protección Especial 211<br />

colectivos con los cuales se pretendía habilitar<br />

la infraestructura de varias comunidades urbano-pobres.<br />

¿Cómo se puede hablar de una política<br />

comprometida con la equidad social, con<br />

el desarrollo sostenible, y con el respeto a los<br />

derechos humanos, cuando se opta en primera<br />

instancia por ese tipo de medidas ¿Cómo<br />

se pretende superar la situación de inseguridad<br />

generalizada, si en lugar de posibilitar condiciones<br />

para una seguridad integral lo que se receta<br />

es miedo Miedo y desconfianza ante las<br />

promesas políticas de siempre, porque siempre<br />

habrá un pretexto para ajustarlas e incumplirlas.<br />

La Carpio cumple 16 años de marchar, 9<br />

desde que les prometieron a sus habitantes que<br />

les iban a dar los títulos de propiedad, si aceptaban<br />

tener como vecino un relleno pestilente<br />

de basura. Hace 3 años, el nuevo Gobierno dio<br />

luz verde para que se iniciará un Plan Maestro<br />

mediante el cual se reordena la comunidad<br />

para luego empezar la titulación, hoy en medio<br />

de las renuncias ministeriales, las rencillas institucionales,<br />

el MIVAH se atreve a decir que un<br />

asentamiento en el que residen 35000 habitantes<br />

no es prioridad, arrojando a la basura los 3<br />

años de trabajo de las instituciones públicas, de<br />

las organizaciones privadas y de la comunidad.<br />

El proceso de titulación de La Carpio debe<br />

iniciarse en la presente administración gubernamental.<br />

• Año tras año han venido marchando con orgullo<br />

las personas con orientación sexual hacia su<br />

mismo sexo, dígase gay, lesbianas, travestis,<br />

transexuales y demás modalidades de expresión<br />

de la orientación sexual. Respetuosamente<br />

han reclamado el respeto de los derechos humanos<br />

que tienen por su condición de personas;<br />

inclusive, algunas han declinado de exigir<br />

el respeto al derecho humano al matrimonio civil,<br />

ofreciéndole al Estado otra opción: el reconocimiento<br />

de la unión civil entre personas del<br />

mismo sexo. Han buscado el apoyo de esta Defensoría,<br />

han acudido al Tribunal Constitucional,<br />

y esta le ha hecho un pase a la <strong>Asamblea</strong><br />

<strong>Legislativa</strong>, para que conozca un proyecto de<br />

ley que vendría a regular ese tipo de relaciones<br />

personales. Consta en el expediente legislativo<br />

que el proyecto se ha consultado a algunos defensores<br />

de derechos humanos, pero también<br />

a todos sus detractores, donde prima la tesis<br />

de la contra natura y el pecado. Ahora se pretende<br />

elevar el asunto a consulta popular, como<br />

si una mayoría tuviese derecho a negarles los<br />

derechos humanos a una minoría, solo porque<br />

le son diferentes. Por ello instamos a los señores<br />

y las señoras diputadas a aprobar el<br />

Proyecto de Ley de Unión Civil entre Personas<br />

del Mismo Sexo.<br />

• Y no pueden faltar en esta marcha, toda la gente<br />

que a diario, años tras año, reclama mayor<br />

seguridad pública, en sus casas, en sus trabajos,<br />

en las escuelas, en las calles, en sus comunidades,<br />

porque ya no se puede estar tranquilos<br />

en ningún lado por temor a ser asaltado,<br />

teniendo que andar siempre a la defensiva, propiciándose<br />

así las actitudes agresivas, la violencia<br />

como valor. De nuevo, hay que decirlo:<br />

carecemos de una política criminal-penal, entre<br />

cuyos componentes esté un programa de seguridad<br />

pública. Un programa asentado en las<br />

comunidades, enfocado en la prevención de los<br />

actos de delincuencia y la violencia, pero donde<br />

la prevención no sea entendida ni ejercida<br />

mediante operativos ocasionales consistentes<br />

en detener masivamente a las personas, en<br />

clara violación de sus libertades y derechos. La<br />

Policía debe investigar para perseguir y detener,<br />

y no perseguir y detener para investigar. La<br />

policía tampoco debe ser utilizada para reprimir<br />

el disenso social, en detrimento del respeto y<br />

la neutralidad política que debe observar en todas<br />

sus actuaciones. Ante las protestas de los<br />

ciudadanos y ciudadanas son las instituciones<br />

públicas cuestionadas las primeras que deben<br />

acudir a la marcha, a aclarar y ofrecer soluciones<br />

a la disconformidad.

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