if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo I Seguridad Humana 99
Si bien el esfuerzo del PANI es rescatable, no es
posible, como país, aceptar un sistema de protección
aún débil y poco articulado, con capacidad
limitada en la respuesta efectiva ante las
múltiples demandas de prevención y protección
de los niños, niñas y adolescentes ante amenazas
viejas y nuevas. A partir de los diferentes
casos conocidos año a año por la Defensoría de
los Habitantes, se ha dado cuenta de estas debilidades
tanto en lo individual como estructural,
demandando a las distintas instituciones y autoridades
intervinientes la acción eficaz, efectiva y
oportuna que se requiere. Como veremos más
adelante, el caso de la intervención en materia
de protección ante las drogas, es un ejemplo
claro de todas estas condiciones de inseguridad
y violación de derechos que, por acción, omisión
o resultado, siguen viviendo la población
menor de edad del país.
Conforme con lo que de manera reiterada ha
venido manifestando la Defensoría de los Habitantes
en los informes de casos, así como en
los Informes Anuales, la Contraloría General de
la República coincide con las debilidades observadas
en cuanto a coordinación y articulación
existentes entre las instancias del sector
de niñez y adolescencia, así como la ausencia
de políticas públicas que sirvan de marco para
el desarrollo de una estrategia nacional en la
materia. 17
• Seguridad política: Si bien se suele invocar
la seguridad política en función del ejercicio de
los derechos de ciudadanía de las personas
adultas, desde el enfoque de derechos, las personas
menores de edad también cuentan con
una ciudadanía social activa que debe ser reconocida,
promovida y protegida por parte del
Estado. La titularidad de derechos y deberes
supone una condición de exigibilidad plena de
éstos, asentada en el derecho a la participación
como presupuesto esencial de dicha titularidad.
La posibilidad y capacidad de los niños, niñas y
adolescentes de ser parte y ser tenidos como
parte en todos los asuntos que les atañe, supone
una modificación de las formas tradicionales
de interrelación de las personas adultas
con esta población. Informar, opinar, formarse
un juicio, participar, son elementos esenciales
de una ciudadanía activa que debe ser altamente
promovida y garantizada en todos los niveles
de socialización (la familia, la escuela, la comunidad,
las instancias de toma de decisiones).
17 Contraloría General de la República, Informe Nº DFOE-SOC-
18-2009, 30 de abril de 2009
En relación con este derecho la brecha entre
la norma y la realidad sigue siendo amplia; muy
al contrario, la expresión de los niños, niñas y
adolescentes sigue estando mediatizada por la
intervención de los padres, madres y encargados,
así como toda forma de manifestación de
su identidad sigue estando sujeta a prejuicios
y estigmatizaciones. En este ámbito, la discriminación
que sufren, particularmente las y los
adolescentes, simplemente por su condición
de tales. El 50% de las personas jóvenes encuestadas
en el año 2007, coinciden con esta
afirmación, a lo que se suman otros factores de
discriminación basados en el género, la condición
migratoria, la discapacidad, la orientación
sexual y la condición socio-económica. 18 Persiste
aquí la violencia estructural sustentada en
condiciones de exclusión social, de la cual no
escapa la población menor de edad.
III. Consumo de drogas: “justificación” de
violaciones de derechos de los niños, niñas y
adolescentes
Como se ha podido advertir, desde el enfoque de la
protección integral y a partir de las condiciones que
deben garantizarse a nivel de la seguridad humana,
resulta evidente que las personas menores de edad
que usan y abusan de sustancias psicoactivas, presentan
uno o múltiples escenarios de vulnerabilidad
en su desarrollo; lo mismo sucede con las violaciones
a sus derechos.
“La experiencia de la Defensoría evidencia casos
donde existen factores de riesgo y vulnerabilidad que
se gestan en un entorno socio-afectivo deficitario y de
escasa contención y apoyo comunitario que expone a
las personas menores de edad, a peligros que atentan
contra su vida, integridad física y emocional, así como
su seguridad, limitando así, su adecuado desarrollo y
el disfrute pleno de los derechos humanos.”
Dirección de Niñez y Adolescencia, 2009
Un entorno familiar y social inseguro (desde las distintas
dimensiones en que la seguridad puede ser concebida),
carente de afecto, respaldo, límites, cuyos conflictos
se gestionan por medio de la violencia, es caldo
de cultivo idóneo para que se concrete la amenaza
de la dependencia al consumo y abuso de las drogas,
18 I Encuesta Nacional de Juventud, ibid, p. 81.