if08-09 - Asamblea Legislativa

192 Defensoría de los Habitantes
Informe Anual de Labores 2008-2009
que requiera la familia, que van desde los servicios de
apoyo hasta crear actitudes favorables para la incorporación
de la persona con trastornos mentales; y, en
caso de que se determine que no reúne las condiciones
se debe buscar una tercera opción, para
no exponer a la persona a situaciones de riesgo
social.
No pretende la Defensoría de los Habitantes eximir
de responsabilidad a las familias de las personas con
trastornos mentales, pero cuando carecen de las condiciones
y aptitudes necesarias para atenderlas en su
seno y son reubicados, después de muchos años de
institucionalización psiquiátrica, se les expone a situaciones
de violencia y riesgo social.
Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes
le recomendó al Hospital Nacional Psiquiátrico: Emitir
una guía de procedimientos para regular el proceso de
desinstitucionalización de las y los pacientes de larga
instancia. 17
De hecho, en el ámbito del Derecho Internacional,
existen diferentes instrumentos jurídicos que respaldan
la política de desinstitucionalización, entre
tales se destacan los “Principios de Protección de
los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Salud
Mental”, aprobados por la Organización de Naciones
Unidas. En el tercero de tales principios se señala que
“toda persona que padezca una enfermedad mental
tendrá derecho a vivir y trabajar en la medida de lo
posible, en la comunidad”.
Asimismo, en el nivel nacional, la Ley de Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad
establece que “todos los miembros de la familia deben
contribuir a que la persona con discapacidad desarrolle
una vida digna y ejerza plenamente sus derechos y
deberes” (Artículo 11). En el contexto de la norma, una
vida digna significa el poder residir, en la medida de lo
posible, en su núcleo familiar para que pueda desarrollar
sus+ habilidades para la convivencia en sociedad.
Es decir, que las personas con trastornos mentales tienen
el derecho de vivir y desarrollarse con su familia.
6. Una luz en el horizonte: La Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
incidir positivamente en la calidad de vida de ese
colectivo, de manera tal que contribuirá a garantizar
las condiciones de seguridad humana, pues amplía el
horizonte de los derechos humanos de las personas
con discapacidad. A ese respecto, el artículo 1° de la
Convención dispone que su propósito es “promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente”.
Asimismo, la Convención en su artículo 3 enuncia los
principios generales que sustentan su aplicación e integración,
entre los cuales cabe citar: el respeto de la
dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia
de las personas, la no discriminación, la participación
e inclusión plenas y efectivas en la sociedad,
el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas
con discapacidad como parte de la diversidad y
la condición humanas, la igualdad de oportunidades y
la accesibilidad.
Esta Convención es el último tratado internacional
sobre Derechos Humanos adoptado por Naciones
Unidas y como tal, trae consigo una serie de innovaciones,
destacándose lo dispuesto en el párrafo 2°
del artículo 33 que establece que los Estados partes
deben nombrar un mecanismo que supervise el cumplimiento
de sus preceptos. Agrega esa norma, que
cuando se designe el mecanismo, deben considerarse
los Principios Relativos a la Condición Jurídica y el
Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de
Protección y Promoción de los Derechos Humanos.
La institución nacional de promoción y defensa de los
derechos humanos en Costa Rica es precisamente la
Defensoría de los Habitantes, lo cual se desprende de
la lectura de los artículos 1 y 2 de la Ley N° 7319.
De conformidad con dicho artículo, las funciones de
supervisión del mecanismo nacional consisten en la
promoción, protección y monitoreo de la aplicación de
la Convención. La primera se refiere a la obligación de
divulgarla en el sector público y la sociedad civil. La
segunda se relaciona a la tramitación de quejas. La
última tiene que ver con los informes periódicos sobre
su cumplimiento.
El 7 de agosto de 2008, la Asamblea Legislativa aprobó
mediante la Ley N° 8661 la Convención Sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Este
tratado internacional es un valioso instrumento para
17 Informe Final con Recomendaciones notificado mediante oficio
Nº 05571-2008-DHR del 12/06/2008, correspondiente al Expediente
07436-2007-QJ.