if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo II: Informe de Gestión Dirección de Asuntos Económicos 301
usuarios de este servicio público al utilizar información
procedente, fundamentalmente, de los operadores, sin
que esta información sea sometida a un proceso de
verificación, especialmente de las variables operativas
del servicio.
7.
Cánones en el transporte público
Según lo establece la Ley de Taxis No. 7969, el
Consejo de Transporte Público puede financiarse a
través de cuatro fuentes de financiamiento. Una de
ellas es el cobro anual de un canon por cada actividad
regulada. Cabe señalar que este canon es la principal
fuente de financiamiento que tiene el Consejo de
Transporte Público. No obstante, en los últimos años
ha existido cierto malestar por parte de algunos empresarios,
principalmente de los que brindan el servicio
de transporte de especiales, debido a que estiman que
el canon que pagan al Consejo y a cambio, reciben un
servicio bastante deficiente.
Por otro lado, ante las reiteradas consultas de esta
Defensoría en el sentido de que el Consejo de
Transporte Público justifique las razones de su tardanza
en atender las demandas de las empresas
reguladas, dicho Consejo ha dicho que la razón principal
de esta situación es la carencia de recursos.
Sin embargo, cuando analizamos sus proyectos de
cánones, que como ya dijimos es la principal fuente
de financiamiento del Consejo, nos encontramos con
que estos le proporcionan a esa entidad los recursos
suficientes para cumplir con todas las obligaciones
que el ordenamiento jurídico le otorga. Por lo tanto,
la Defensoría estima que no existe justificación alguna
para que el Consejo no cumpla con sus obligaciones
en tiempo y forma.
Además, con el propósito de conocer si el canon está
diseñado para cubrir todas las actividades que por
ley le corresponde ejecutar al Consejo de Transporte
Público, se consultó a la Contraloría General de la
República su opinión sobre fórmula de cálculo del
canon utilizada por el Consejo de Transporte Público,
a lo cual, esta institución indicó que dicho canon
está calculado sobre la base del principio de servicio
al costo y que como la metodología parte del Plan
Operativo Institucional, la planificación se refleja en la
propuesta de presupuesto nacional del año respectivo,
el cual contiene los recursos económicos para cubrir
los bienes y servicios necesarios para cumplir con los
requerimientos que establece la Ley No. 7969. Así las
cosas, la Defensoría no encuentra justificación para
que el Consejo de Transporte Público brinde un servicio
tan deficiente a las empresas que regula y a las y
los habitantes en general.
Finalmente, haciendo un análisis retrospectivo sobre
los diferentes temas que se han abordado en materia
de transporte público y los cuales le corresponde
liderar y ejecutar al MOPT y al Consejo de Transporte
Público, la Defensoría de los Habitantes concluye que
el balance de lo que efectivamente han realizado estas
instituciones es negativo. Lo anterior, basado en el hecho
de que prácticamente se ha avanzado muy poco
en materia de modernización del transporte público,
ya que después de varios años y muchas promesas
todavía no se cuenta con la sectorización ofrecida, ni
siquiera han entrado a operar las rutas intersectoriales,
entre otras cosas. En ese mismo orden de ideas,
tampoco se han visto avances en lo que a calidad
del servicio se refiere, a pesar de ser un aspecto que
requiere de una atención inmediata, no sólo porque representa
uno de los mayores motivos de queja de las
y los habitantes, sino porque las deficiencias que se
presentan tienen una incidencia directa sobre el adecuado
desarrollo del sistema de transporte público.
Lo más lamentable de toda esta problemática, es que
la inercia de las instituciones competentes para resolver
los problemas que se presentan en el transporte
público, tiene un efecto directo sobre el desarrollo
económico y social de nuestro país. De ahí que la
Defensoría sugiere a las señoras y señores Diputados
y al Gobierno, buscar soluciones que empiecen de
inmediato, pero con una visión de largo plazo.
V. Plan de contingencia: restricciones a la circulación
vehicular
Como consecuencia de los incrementos sostenidos en
el precio internacional del petróleo, con el consiguiente
incremento en la factura petrolera de Costa Rica, el
Poder Ejecutivo estableció, como medio de mitigar
la grave situación del gasto, una serie de medidas a
través de la directriz 041-MP-H-MOPT-MINAE, publicada
en La Gaceta Nº 134, del martes 12 de julio de
2005, la que se dio en llamar “Plan de Contingencia
Consumo Nacional de Combustibles”, y la directriz
Nº 042-2005, publicada en La Gaceta Nº 137 del viernes
15 de julio de 2005, relativa al cambio de horarios
laborales del sector público.
Por ser el sector transporte el principal consumidor de
combustibles derivados del petróleo, en especial diesel
y gasolina, cuya demanda causa mayor impacto en
la factura petrolera; el Poder Ejecutivo buscó medidas
para reducir la circulación de vehículos en horas pico,
así como a la reducción de las “presas”, que condujeran
a un rápido recorte del consumo de esos productos,
particularmente el de gasolinas, el cual genera el