if08-09 - Asamblea Legislativa

180 Defensoría de los Habitantes
Informe Anual de Labores 2008-2009
la participación política de las mujeres y el acceso a
cargos públicos es un tema de derechos, del derecho
a la igualdad jurídica y no discriminación. De tal forma,
no sólo el gobierno actual debe respetar los principios
de igualdad y no discriminación en el acceso de las
mujeres a la participación política, sino que constituye
una obligación jurídica para la persona y el partido
político que resulte ganador en el proceso electoral
2010-2014.
Asimismo para el proceso electoral en puestos de decisión
pública, esta Defensoría llama la atención a los
partidos políticos para que cumplan las obligaciones
que se establecen en la cuota del 40%, que representa
un mecanismo para acelerar el objetivo de la igualdad
sustantiva de la mujer, cuyo alcance y significado
estratégico para el adelanto de los derechos de las
mujeres encuentra todo el fundamento ideológico en
la Recomendación General Nº 25 del Comité para la
Eliminación de la Discriminación en Contra de la Mujer,
en el que se aclara la naturaleza y objetivos de las medidas
afirmativas, cuya finalidad es “….la eliminación
“La paridad debe cubrir todos los puestos de elección, las
delegaciones a las Asambleas Cantonales, Provinciales,
Nacionales y los órganos de dirección y representación
política de los Partidos Políticos. El no cumplimiento
deberá acarrear la sanción de no inscripción del órgano y
el no reconocimiento de validez a sus actos.”
Defensoría de la Mujer, 2009
de todas las formas de discriminación contra la mujer,
incluida la eliminación de las causas y consecuencias
de la desigualdad sustantiva o de facto”. 27
Para tal efecto el 40% debe estar en puestos elegibles
y preferiblemente en nóminas que garanticen la alternancia.
Asimismo la papeleta para la Presidencia debe
tener en la Vicepresidencia, al menos una mujer.
Finalmente, todo lo anterior puede ser sustituido
con la reforma al Código Electoral que se discute en
la Asamblea Legislativa, que pretende dar el salto
cualitativo de una cuota como medida afirmativa a la
paridad de género como una representación equitativa
y equivalente entre los hombres y las mujeres. Sobre
este proyecto la Defensoría ha dado su total apoyo a
la paridad, fundamentada en los principios de la democracia
participativa y representativa garantizados
en nuestra Constitución Política, de los principios de
27 Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la
mujer. Recomendación general Nº25. Punto 14.
igualdad y no discriminación; asimismo ha señalado
que ésta debe tener claros mecanismos como la alternancia
y secuencialidad, donde la diferencia entre
uno y otro de los sexos, en las papeletas de elección
popular, para cada uno de los puestos, no puede ser
superior a uno.
Asimismo, desde la perspectiva de la Defensoría, los
partidos políticos pueden llegar y hasta superar la
paridad mediante medidas afirmativas en favor de las
mujeres.
Todas estas recomendaciones se tradujeron en
mociones que fueron presentadas por la Comisión
de Participación Política de las mujeres -en la que
participa el INAMU, instancias organizadas de la sociedad
civil y la Defensoría de los Habitantes- ante la
Comisión Parlamentaria, para que en ejercicio de su
poder de enmienda algún/a diputado las pueda asumir,
todo lo cual vendría a fortalecer la gran reforma electoral
y la distribución del poder político en el país
III- Otras formas de Intervención
1. Seguimiento a la Política Nacional para la Igualdad
y Equidad de Género.
El año anterior, el Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU) presentó la Política Nacional de Igualdad y
Equidad de Género 2007-2017 (PIEG), que constituye
una política pública del Estado para que, a través de
un plan de acción que redirecciona las acciones estatales,
transforma las instituciones públicas, e involucra
la participación de la sociedad civil, la igualdad y no
discriminación de las mujeres se convierta en una realidad
a mediano plazo.
Aunado a lo anterior, se construyó el Plan de Acción
2008-2012 de la Política de Igualdad y Equidad de
Género (PIEG), que manteniendo el enfoque de género
y derechos humanos, determina estrategias y
acciones concretas por parte de las instituciones del
Estado, que responden a los objetivos planteados en
la PIEG. En dicho plan se fijan los siguientes ejes y
objetivos estratégicos:
• Cuido como responsabilidad social
• Trabajo remunerado de calidad y generación de
ingresos
• Educación y salud de calidad a favor de la igualdad.
• Protección efectiva de los derechos de las mujeres
frente a todas las formas de violencia.