if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo II: Informe de Gestión Dirección de la Mujer 167
de no estar en su trabajo. Todo ello, tiene implicaciones
en la calidad del trabajo que rinden y en su vida
personal familiar.
La víctima es una persona que necesita, en la mayoría
de los casos de ayuda psicológica, razón por la que si
no renuncia, termina incapacitada por largas temporadas.
A pesar de que es una situación que se da hacia
los hombres y las mujeres; son estas últimas quienes
enfrentan mayores sujeciones y controles; y con frecuencia
se da la doble discriminación de relación de
poder jerárquica y de poder hombre/mujer.
Desde la experiencia de la Defensoría, una herramienta
jurídica sobre el hostigamiento laboral debe contener
al menos, una referencia a las especificidades,
particularmente a las mujeres; una enumeración de las
manifestaciones podría
resultar restrictiva, por lo
que se recomienda sólo
la definición del hecho,
así como de las herramientas
que se pueden
utilizar (como los análisis
de clima organizacional);
el procedimiento debe
prever mecanismos de
control y seguimiento,
tales como las existentes
en la Ley contra el
Hostigamiento sexual. A saber, la Defensoría como
ente de control para el sector público y el Ministerio de
Trabajo, Dirección de Inspección para el sector privado,
previo fortalecimiento de este departamento; debe
tener un espacio privilegiado la prevención a través de
la educación, información y campañas. Finalmente el
instrumento debe ser una herramienta generalizada
y de aplicación universal que contemple incluso a las
personas de nombramiento popular.
“El trabajo de las mujeres es un derecho y una de las
formas en que las sociedades luchan contra la pobreza.
Para la Defensoría de los Habitantes, es indispensable
que se ataquen las diversas formas de discriminación
en el trabajo y que sea un tema comprendido como de
interés nacional; esto con el fin de mejorar el estado de
los derechos de las mujeres trabajadoras.”
Para esta Defensoría, el acoso laboral debe contemplarse
como un riesgo de trabajo y para su materialización,
deben realizarse las reformas legales en el
Código de Trabajo correspondientes. No obstante la
debilidad normativa, vale señalar que algunas instituciones
han mostrado fortaleza en la atención del
conflicto, que constituyen buenas prácticas susceptibles
de emular por parte del sector público. En ese
sentido, el Ministerio de Salud ha incorporado en su
Reglamento algunos artículos que permiten mayor
capacidad de actuar y de resolución de las denuncias
que le son conocidas, tales como la creación de una
comisión interdisciplinaria que asume el caso desde
el inicio y ellos determinan el tipo de procedimiento
a seguir en cada caso específico; el cual puede ser
sólo un estudio de clima organizacional, un procedimiento
administrativo, o medidas intermedias como
investigación previa, apoyo y seguimiento psicológico,
conciliación o cualquier otro método de solución de
conflictos.
b. 2 Reforma del artículo 95 del Código de Trabajo: un
debate necesario para el avance de los derechos de
las madres trabajadoras.
En Costa Rica las mujeres forman parte integral de la
fuerza laboral y su participación en el empleo y otras
formas no remuneradas de trabajo, son necesarias e
imprescindibles para la sostenibilidad de la economía
del país. Por ello, es de interés luchar contra una
realidad donde las mujeres son las más afectadas por
el desempleo (9.6% vrs. 5% de hombres), y el subempleo
visible (7.5% vrs. 4.4% de hombres), y donde
persisten las brechas salariales
entre hombres y
mujeres, quienes perciben
un 21.8% menos que los
hombres por la misma
labor.
Actualmente, se encuentran
en la agenda legislativa
diversos proyectos
Defensoría de la Mujer, 2009 de reforma del artículo 95
del Código de Trabajo, el
cual regula la licencia por
maternidad, que incluye el período pre y post parto.
Estas iniciativas 6 desarrollan por una parte, el tema
de la duración del período post parto, en atención a la
necesidad de garantizar la lactancia materna, o para el
cuido de recién nacidos con necesidades especiales.
Por otra parte, dentro de los proyectos se plantea la
licencia por maternidad como una “carga patronal”
para el sector productivo, que el Estado debe asumir
para que esa condición de las mujeres no sea un
motivo para no ser contratadas. Ese planteamiento
recarga el costo en el Sistema de Seguridad Social.
Desde el Poder Ejecutivo, se ha planteado que la Caja
Costarricense del Seguro Social asuma la totalidad
de las cuotas, en forma progresiva. Otras iniciativas,
incluyen también el establecimiento de la licencia parental
para que los padres puedan participar efectivamente
del cuido y atención del recién nacido.
La Defensoría considera que una reforma integral del
artículo 95, debe dirigirse al avance de los derechos de
las mujeres y que nunca podría suponer un retroceso.
Aunado a ello, es fundamental que toda reforma en
6 Proyectos contenidos en los expedientes legislativos
número: 16794, 16733, 16563, 16614, 17105 y 16754.