if08-09 - Asamblea Legislativa

96 Defensoría de los Habitantes
Informe Anual de Labores 2008-2009
y la supervivencia, así como en la articulación de
mecanismos de alerta que adviertan oportunamente
de cuándo se está ante el riesgo de amenaza a este
desarrollo.
Al respecto entonces, es importante traer a colación
la relación que existe entre Seguridad Humana y
Desarrollo Humano, y que en el caso de esta materia,
se complementan con Protección Integral en favor de
la niñez y la adolescencia, de modo que se tengan
como referentes, algunas de las dimensiones 9 que
deben garantizarse para brindar a esta población las
condiciones de protección y seguridad que requieren
y a las que el Estado y la sociedad se encuentran
obligadas.
En este sentido, la protección integral de los niños,
niñas y adolescentes, dentro de la cual se incluye
sin excepción, la protección frente a las drogas, debe
considerar como mínimo, para efectos de establecer
condiciones de seguridad humana –libre de temores
y carencias- que les permita su pleno de desarrollo,
acciones en relación con:
• Seguridad Económica: La posibilidad de ver
satisfechas las necesidades básicas para su
vida, desarrollo y supervivencia es fundamental
en relación con el principio del interés superior
del niño. La condición de desarrollo de la persona
menor de edad obliga a que esta seguridad
económica sea proporcionada por la familia, la
comunidad y el Estado. Subyace un derecho a
la protección estatal, cuando las redes de protección
primarias no garantizan esta protección.
En este sentido, indicadores de ingreso familiar,
jefaturas de hogar, pobreza, satisfacción de
necesidades básicas, son fundamentales para
identificar los niveles de vulnerabilidad de derechos
que pueda presentar esta población y que
la expone al abandono, el maltrato, la explotación
sexual comercial, la explotación laboral
(trabajo infantil y adolescente. Si bien corresponde
a las políticas económicas del país dar
respuesta en primera instancia, igualmente importantes
serán las vinculadas con la asistencia
social, sobre todo ante situaciones de riesgo y
vulnerabilidad por condición socio-económica.
• Seguridad Alimentaria: Intimamente relacionada
con la seguridad económica, en particular se
reconoce al niño, niña y adolescente el derecho
a percibir alimentos, vía los obligados alimentarios
o mediante una prestación estatal. 10 Este
9 .Ver lo señalado en cita al pie Nº 7.
10 CDN, art. 27, CNA 37 Y SS
derecho no se limita a una prestación económica
para efectos de obtener cualquier alimento o
suplir necesidades básicas. Es mucho más integral
y completo, en el tanto debe garantizársele
todos aquellos requerimientos nutricionales que
le permita desarrollarse física y mentalmente
en forma sana. Indicadores de desnutrición,
talla y peso, así como de la presencia de trastornos
alimentarios –hoy cada vez más comunes-
como la obesidad, la diabetes, la anorexia
y la bulimia, son manifestaciones claras de las
necesidades y desafíos que aún no son debidamente
atendidos. Existe una violación de derechos,
en razón de la falta de provisión de los
suplementos nutricionales necesarios, así como
de patrones alimentarios nocivos, que obligan a
adoptar acciones inmediatas al respecto. Cabe
destacar que, es particularmente preocupante,
la debilidad del sistema en relación con los y las
adolescentes, usualmente más afectos a este
tipo de situaciones y menos abordados por los
programas y acciones existentes.
• Seguridad en la salud: A partir de la interdependencia
e indivisibilidad de los derechos humanos,
resulta evidente la relación de la seguridad
en la salud con las demás dimensiones del
estado de seguridad y satisfacción de derechos
que debe garantizarse a las personas menores
de edad. Si bien en Costa Rica, los niveles de
cobertura de salud son altamente satisfactorios
y, conforme con las obligaciones legales, todos
los niños, niñas y adolescentes tienen el Derecho
a la Vida y a la Salud debidamente garantizados,
aún son múltiples los retos que deben
ser atendidos con el propósito que la salud sea
un derecho reconocido y satisfecho de manera
universal y equitativa, lo cual no ha podido extenderse
como debería en el territorio nacional.
En este sentido, en el 2006 se tiene que el 9.8%
de las personas menores de edad apenas tiene
seguro por cuenta del Estado y, en cantones
con niveles altos de vulnerabilidad infantil, el nivel
de niños y adolescentes sin seguro de salud
es sumamente alto, como Upala con un 48%
de personas menores de edad sin cobertura de
seguro de salud, así como Talamanca y La Cruz
con un 30%. 11
Es evidente que esta situación no sólo supone
una debilidad en cuanto a la atención de la
salud frente a situaciones de enfermedad, sino
también como a la atención de la salud en forma
integral e intersectorial, particularmente en
11 Programa Estado de la Nación y UNICEF, Brechas cantonales,
2006, ibid, p. 49.