if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo II: Informe de Gestión Dirección de Niñez y Adolescencia 339
manencia de las personas menores de edad al lado
de sus progenitores, cuando ésta, a pesar de haberse
abordado y agotado todas las posibilidades, mediante
el apoyo estatal, afecta a la persona menor de edad, el
Estado debe adoptar medidas para la correspondiente
separación, sea temporal o definitiva, para asegurar el
interés superior, garantizando el respeto por sus derechos
en un ambiente físico y mental sano, en procura
del desarrollo integral y pleno.
En el mismo sentido, el artículo 19 de la Convención
hace referencia a la obligación del Estado de proteger
a las personas menores de edad contra todas las formas
de abuso o explotación perpetrado por sus progenitores
o personas responsables; emprendiendo para
ello, las acciones pertinentes. Como consecuencia de
esta intervención estatal, el artículo 20 imprime la responsabilidad
del Estado de brindar protección especial
a las personas menores de edad privadas del medio
familiar; asegurando la garantía de sus derechos.
Es entonces, que mientras estén vigentes las medidas
de separación del medio familiar, ciertamente el
Estado asume transitoriamente, el conjunto de
facultades y deberes legitimados propios de la
autoridad parental, siendo que para tales efectos, la
Constitución Política le ha encomendado, de manera
particular, al Patronato Nacional de la Infancia atender
esa responsabilidad
El Código aglutina un conjunto de competencias que
el Estado y sus instituciones deben observar -en sede
administrativa y en sede jurisdiccional- ante la presencia
de situaciones violatorias a los derechos de la
población menor de edad. Para efectos del presente
análisis, interesa el Proceso Especial de Protección
en Sede Administrativa; 38 correspondiendo esta tarea
a las oficinas locales del Patronato Nacional de
la Infancia (PANI), donde se articula el desarrollo
de un proceso expedito en aras de tutelar derechos
afectados.
Uno de los supuestos previstos para el inicio de este
tipo de procesos, a la luz de los artículos 130 y 131 del
Código citado, lo constituyen las faltas, omisiones o
abusos por parte de los progenitores o encargados de
la persona menor de edad, donde en virtud de la vulnerabilidad
que presente este sector de la población,
requieren de parte del Estado una intervención pronta,
eficiente y eficaz de acuerdo con los términos prescritos
para la Administración Pública 39 .
38 Código de la Niñez y la Adolescencia, Capítulo II Proceso
Especial de Protección, artículos 128 al 140.
39 Es decir de conformidad con los principios del artículo 4 de
la Ley General de la Administración Pública. Este procedimiento
administrativo puede ser revisado en sede jurisdiccional, según el
La función anterior, deriva del artículo 55 de la
Constitución Política (1949) al señalar que “la protección
especial de la madre y el menor estará a cargo
de una institución autónoma denominada Patronato
Nacional de la Infancia, con la colaboración de otras
instituciones del Estado.”
De igual manera, la Ley Orgánica del PANI señala
en el artículo 1 que “(…) Su fin primordial es proteger
especialmente y en forma integral a las personas menores
de edad y sus familias, como elemento natural
y pilar de la sociedad (…)”. El artículo 3 puntualiza,
entre otros propósitos, el deber de “fortalecer y proteger
a la niñez, la adolescencia y la familia. Orientar y
coadyuvar en las tareas de formación y educación de
los progenitores para el cumplimiento de sus deberes
y derechos inherentes a la autoridad parental. Orientar
y coadyuvar en las tareas de formación y educación,
para el cumplimiento y la satisfacción de los derechos
y deberes de las personas menores de edad.
Garantizar a las personas menores de edad el derecho
de crecer y desarrollarse en el seno de una familia,
sea biológica o adoptiva. Brindar asistencia técnica y
protección a la niñez, la adolescencia y a la familia, en
situación de riesgo.” 40
Lo anterior, significa que la gestión que realiza el
Patronato Nacional de la Infancia, debe estar en correspondencia
con el marco normativo nacional e internacional
que garantiza la protección integral de las
personas menores de edad que habitan en el país, con
la colaboración de las instituciones del Estado.
III. Identidades negadas: el caso de los niños
y niñas ngöbes nacidos en Costa Rica.
Uno de los principios fundamentales dispuesto por la
Convención Internacional de los Derechos del Niño,
es el principio de no discriminación. Al respecto, el
artículo 2 reza:
1. Los Estados Partes respetarán los derechos
enunciados en la presente Convención
y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto
a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente
de la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la
posición económica, los impedimentos físicos,
el nacimiento o cualquier otra condición del
artículo 142, del Código de Niñez y la Adolescencia.
40 Ley Orgánica Nº 7648 Patronato Nacional de la Infancia, 1996