if08-09 - Asamblea Legislativa

326 Defensoría de los Habitantes
Informe Anual de Labores 2008-2009
Estímulos a la educación privada: una vieja relación
que requiere nuevas reglas
Con motivo del trámite legislativo del Proyecto de
ley Nº 16578, Ley de subvención estatal de pago de
salarios al personal docente y administrativo de instituciones
privadas de enseñanza y sus textos sustitutivos,
la Defensoría de los Habitantes ha intervenido
activamente en el proceso de análisis y discusión de
esta propuesta, ello en garantía de los derechos de
los y las estudiantes de los colegios privados que han
sido subvencionados por el Estado por muchos años.
Particularmente este proyecto se formula en reacción
al Decreto Ejecutivo Nº 33550-MEP del 7 de febrero
del 200, emitido por el MEP en cumplimiento a los señalamientos
planteados por la Contraloría General de
la República en cuanto a la necesidad de regular este
tipo de estímulos.
Es así como desde setiembre de 2008, se solicitó
una audiencia a la Comisión de Asuntos Sociales de
la Asamblea Legislativa, para comparecer y externar
el criterio institucional; sin embargo, en dicha oportunidad
no fue posible hacerlo conforme a lo dispuesto
por dicha Comisión, en el tanto se aprobó una moción
para recibir a los comparecientes una vez votado el
proyecto. Situación que no permitió que se conocieran
oportunamente las observaciones de previo a la decisión
de la Comisión dictaminadora.
No obstante lo anterior, y por considerar importante
insistir en la necesidad de mejorar cualitativamente el
texto dictaminado y, ante la preocupación de las y los
estudiantes, así como de los padres y madres de familia
y docentes de estos centros educativos en relación
con la posición institucional en la materia, se presentó
por escrito el análisis del texto con las respectivas propuestas
de revisión, en el tanto la principal preocupación,
a la fecha, estriba en que el texto del proyecto no
garantiza en forma fehaciente las necesidades y el estímulo
que el Ministerio de Educación Pública estaría
entregando a estas escuelas y colegios privados, dada
la confusión y ambigüedad de la propuesta, particularmente
en el punto sobre la naturaleza de la relación de
las y los docentes pagados por el MEP.
Luego de múltiples gestiones con los diferentes sectores
involucrados y con el apoyo de las jefaturas de
fracción, la iniciativa sigue en discusión, por medio de
una comisión ad hoc ampliamente participativa, la cual
ha sido apoyada firmemente por esta Defensoría y en
la que se ha contribuido con la propuesta de un texto
sustitutivo que permita retomar las deliberaciones
conjuntas en torno al asunto en procura de una pronta
solución.
Por considerarse un tema de especial relevancia en
cuanto al apoyo que el Estado ha brindado a la iniciativa
privada, se estima pertinente ahondar sobre el fondo
de la propuesta, conforme lo ha venido planteando
esta Defensoría ante diversas instancias y la opinión
pública.
Antecedentes
- Amparo constitucional
El artículo 79 de la Constitución Política garantiza la
libertad de enseñanza, principio ampliamente desarrollado,
y que da fundamento a la educación privada.
A partir de la resolución de la Sala Constitucional No.
3550-92 del 24 de noviembre de 1992, surge una
nueva concepción de este tipo de enseñanza. La
Educación queda establecida como la libertad, no sólo
de crear instituciones educativas, sino del ejercicio de
la enseñanza; en tanto “derecho de libertad” se trata
es un derecho fundamental y, por ende, derivado de
la dignidad del ser humano. Así también reconoce el
derecho preferente de los padres de escoger el tipo de
enseñanza que se desea para sus hijos e hijas.
A este respecto, dicha resolución reconoce “…la libertad
que tienen los particulares de fundar, organizar,
dirigir y administrar centros docentes- privados- que
el Estado está obligado a estimular, según el citado
artículo 80 Constitucional.”
Al amparo del mandato constitucional es que el Estado
ha procurado el estímulo a la iniciativa privada; así en
los años 70, luego de la explosión demográfica registrada
en Costa Rica en los décadas anteriores, surge
el modelo educativo tripartita.
- Modelo tripartita
Es un modelo de colaboración tripartita que permitió
por 35 años el pago de docentes en centros educativos
privados por parte del Ministerio de Educación.
Se le denominó tripartito porque llamaba a las partes a
colaborar: El Estado (MEP) asumía el pago, en forma
directa e individualizada, de los salarios del personal
requerido por los centros privados en forma parcial o
total; la Iglesia o la congregación Religiosa aportaban
infraestructura, (edificios, aulas, laboratorios, equipo,
mobiliario, material didáctico, servicios complementarios,
etc.); y los padres y madres de familia aportaban
una módica contribución mensual destinada al mejoramiento
del currículo, los propios gastos generales de
la infraestructura y a sustentar un sistema solidario de
becas estudiantiles, entre otros.