if08-09 - Asamblea Legislativa

338 Defensoría de los Habitantes
Informe Anual de Labores 2008-2009
nio y asistencia que debe prestar el Estado para que la
familia cumpla efectivamente con esos compromisos.
De lo anterior, se visualiza la relación que existe en
el binomio Familia – Estado como componentes de la
sociedad natural, frente a la garantía de derechos del
niño y niña, como prioridad absoluta; ello significa “los
derechos del niño con respecto al trato que recibe en
la familia, los derechos del niño frente a la sociedad y a
las instituciones y autoridades públicas, y los derechos
de la familia frente al Estado”. 35
Ello, permite concluir que los progenitores, de manera
particular, y la familia en general, ejercen una doble
función en la crianza de sus hijos e hijas: 1) educar,
orientar y formar y 2) reconocer que son personas
con derechos propios y que los pueden ejercer. Por lo
que, extremos tales como el “autoritarismo” o la “permisividad”
como formas de educar, son contrarios con
este principio. Por lo tanto, “la familia no debe negarle
al niño o a la niña el goce y ejercicio de sus derechos
legítimos, ni fomentar la falsa idea que los derechos no
conllevan límites y responsabilidades.” 36
Se debe entender entonces, que el ejercicio de la
autoridad parental trasciende la visión de dominio y
de poder de los progenitores o adultos responsables
-“guardadores”- sobre la vida de las personas menores
de edad, sino que por el contrario, entraña el deber de
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, en un
ambiente físico y mental sano que promueva y potencie
el desarrollo integral.
Al respecto, es importante mencionar que la esfera
de derechos que deben garantizarse parten del marco
general de Derechos Humanos que ostenta toda
persona por su condición de tal, y además, prevé una
serie de derechos que atienden a la especificidad que
tiene este grupo poblacional y que representan un
marco jurídico básico para que tengan acceso a un
desarrollo pleno, y a un nivel de vida adecuado; que
supone además, la posibilidad de gozar en sus vidas
la seguridad humana a la que tienen derecho en todas
sus dimensiones.
96, y 99.
35 Daniel O’Donnell, La Doctrina de la Protección Integral
y las Normas Jurídicas Vigentes en Relación a la Familia, México,
2004, p. 7.
36 Ibidem.
El papel del Estado y los derechos de la niñez y la
adolescencia
De conformidad con la Doctrina de la Protección
Integral, el Estado está en la obligación de propiciar y
proveer todas las condiciones que promuevan y favorezcan
el desarrollo integral y pleno de todas las personas
menores de edad, entre otros, mediante el promulgación
de políticas públicas, acciones y programas
dirigidos a este sector que garanticen la efectividad y
protección de sus derechos.
Además, desde la perspectiva del proceso de protección
integral de las personas menores de edad, se
observa que la normativa sobre derechos humanos,
en forma particular, delega en el Estado dos funciones
adicionales. Una función de naturaleza subsidiaria, por
cuanto asiste y apoya a los progenitores o personas
responsables en el proceso de crianza y protección de
sus hijos e hijas, de conformidad con sus derechos.
En este proceso de protección integral de la niñez y la
adolescencia, el Estado y sus instituciones cumplen
una función subsidiaria, propiciando que la población
menor de edad crezca y se desarrolle plenamente
dentro de la dinámica natural de la familia; supliendo
el Estado todo lo necesario para fortalecer a la familia
y potenciar el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia.
Por ejemplo, puede ser cuando los progenitores
no dispongan de las condiciones necesarias
para la educación de sus hijos e hijas, tal como falta
o insuficiencia de recursos económicos (art. 31 CNA)
u orientación en relación con formas de disciplina sin
que medie el castigo físico, el Estado y sus instituciones
están obligadas a informar, orientar y asesorar a
los padres, madres y personas responsables para que
atiendan el derecho de los niños, niñas y adolescentes
a ser disciplinados sin castigo físico ni trato humillante
37 y puedan cumplir exitosamente con esta función.
La otra función, es de naturaleza Supletoria, cuando
se adoptan medidas temporales –o definitivas- para
proteger a las personas menores de edad porque la
autoridad parental es abusiva, omisa o negligente y
existe una flagrante violación a sus derechos; exigiendo
así la intervención estatal.
Ante estas situaciones, la normativa de protección
integral de la niñez y la adolescencia le señala al
Estado y a sus instituciones la obligación de intervenir
para brindar la contención y seguridad necesarias. Si
bien, la Convención prioriza –artículo 9- sobre la per-
37 Ley Nº 8654 Derechos de los niños, niñas y adolescentes
a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante, 1º de setiembre
de 2008