if08-09 - Asamblea Legislativa

308 Defensoría de los Habitantes
Informe Anual de Labores 2008-2009
dadas a satisfacción y la decisión del consumidor,
en consecuencia, adoptada. El notario
público simplemente adecua la voluntad de
las partes al instrumento notarial pertinente,
de conformidad con el ordenamiento jurídico
vigente y apercibe a los contratantes sobre
las consecuencias LEGALES –no financieras-
de dicho acto. (…)”
Resuelto el recurso, la Defensoría continuó con el seguimiento
a sus recomendaciones, las cuales fueron
cumplidas en su totalidad por parte de la entidad bancaria,
a entera satisfacción del habitante afectado.
X. Conclusión
El siglo XXI, es concebido por muchos estudiosos,
como el siglo de la revolución de las comunicaciones y
de la información; lo cual se asume como consecuencia
del mundo globalizado. La humanidad, entonces,
es testigo de importantes cambios de carácter cuantitativo
y esencialmente cualitativo, que están desafiando
los paradigmas del pasado para insertar nuevas
fórmulas económicas y sociales acordes con la “post
modernidad”. Hoy, por ejemplo, comprendemos que
la pseudo verdad respecto de la falta de alimentos, no
era un asunto sencillo ni mucho menos básico, sino de
enorme complejidad que se trata en esencia –parafraseando
a Amartya Sen - en una enorme incapacidad
para distribuirlos con equidad a quienes los necesitan
y que mueren a diario de hambre y de enfermedades
prevenibles y asociadas con la desnutrición. Pero los
procesos de cambio son aún mayores en otros campos;
uno de ellos es que dentro de la instrumentalización
errónea o mala utilización de la globalización se
generan consecuencias tecnológicas de un alcance
abrumador que tampoco podríamos ignorar.
Sin ninguna duda, los cambios en los procesos tecnológicos
y de comunicación han provocado serias transformaciones
en la estructura tradicional del Estado,
que conocemos desde la Modernidad. De tal forma, el
entorno global ha cambiado y eso implica de inmediato
que las habilidades de cara al mismo deben también
transformarse para poder seguir adelante.
Paradójicamente, después de décadas de aceptar el
dogma de que el Estado debe alejarse de la economía
y que las fuerzas del mercado serían capaces por sí
solas de alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo
social, hoy tenemos la comprobación empírica
de que crecer económicamente no es sinónimo de
desarrollo humano, de inversión social y de calidad de
vida para las grandes mayorías. Por el contrario, ahora
que existe riqueza económica a gran escala, esta se
concentra en muy pocas manos y ello ha provocado la
mayor desigualdad, pobreza y exclusión que la humanidad
ha conocido en toda su historia.
Otro tanto sucede con los derechos humanos, la globalización
se ha encargado de extender y universalizar
su doctrina; sin embargo, su realización plena y su
cumplimiento efectivo, son ideales a los que si bien no
renunciamos, exigen más que nunca trabajo cotidiano
y cumplimiento de metas de difícil alcance y por las
cuales el Estado tiene el deber de velar. Ciertamente,
la responsabilidad esencial del Estado es garantizar
la satisfacción mínima universal de los derechos humanos
y para ello, debe actuar en donde advierta las
mayores necesidades. Esto implica que la intervención
pública debe ampliar y mejorar su acción e incidencia
en los aspectos sociales donde se concentra la necesidad
y se diluye la distribución.
Tal es el caso del Estado costarricense, el cual debe
enfrentar hoy más que antes, problemas de vivienda,
salud, alimentación, trabajo, educación y muchos
otros, que se encuentran en consonancia directa con
la seguridad humana y de ahí con los derechos humanos,
que deben ser abordados de una forma integral.
En nuestro caso, constatamos que la preocupación de
las familias se refleja en las solicitudes de intervención
que en el presente período y en general en los últimos
años, las y los habitantes le hacen a la Defensoría en
materia de costo de vida, precios de la electricidad,
combustibles, transportes y otros. Es por ello, que hoy
se nos exige, como institución nacional de derechos
humanos, una intervención sólida y efectiva, acorde
con las exigencias de los paradigmas sociales que
dichosamente, ya comienzan a consolidarse.
Para la Dirección de Asuntos Económicos, esta exigencia
de las y los habitantes representa un gran estímulo
y un respaldo cruciales para nuestra gestión. Pero a la
vez nos demanda una relectura (que ya iniciamos con
celeridad y responsabilidad) sobre los procesos y las
formas de abordaje e inserción, para poder adaptarnos
de una forma apropiada y con visión de derechos humanos
a las complejidades que nos impone a diario el
mundo globalizado. Las cosas han cambiado a una velocidad,
hace unos años impensable y por ello, hemos
asumido en aras de la actualidad y la modernización,
nuevas formas e ideas para continuar de una forma
fresca y apegada a las nuevas realidades, la defensa
de los derechos humanos de las y los habitantes.
En este contexto, una de las expectativas futuras y
positivas, sería la de contar eventualmente con mayores
recursos tecnológicos y humanos. Los primeros
resultan básicos e impostergables si se quiere pensar