if08-09 - Asamblea Legislativa

184 Defensoría de los Habitantes
Informe Anual de Labores 2008-2009
específicas en materia de protección especial de la
población adulta mayor.1
Desde la perspectiva de seguridad humana, en el
presente segmento se expone el estado de situación
de los derechos reconocidos a las personas adultas
mayores propugnados en esas leyes especiales. Con
ello, se pretende demostrar que la formulación de
políticas integrales de vejez y envejecimiento cimentadas
en el cumplimiento de los derechos políticos,
civiles, económicos, sociales y culturales establecidos
en los pactos internacionales de derechos humanos,
contribuye sustancialmente en la construcción de una
sociedad más inclusiva y cohesionada intergeneracionalmente,
en condiciones de igualdad y sin discriminación,
como base esencial para la protección de la
seguridad humana.
De este modo, se procede al análisis de algunos
elementos de especial relevancia en el plano de la
seguridad económica de este grupo etáreo, en total
vinculación con las denuncias recibidas en el presente
período.
1. La inseguridad del derecho a la exoneración
en la tarifa de autobús
En el informe del año anterior, como resultado de un
exhaustivo análisis alrededor del cumplimiento de la
Ley Nº 7936 que otorgó el derecho a la exención del
pago de la tarifa a las personas adultas mayores en el
servicio de autobuses, la Defensoría de los Habitantes
señaló la necesidad de llevar a buen término el proceso
de sustitución del sistema de tiquetes, dada
la urgencia de determinar un mecanismo de control
preciso y transparente que respondiera no solo a las
necesidades operativas del sector transportista -como
un elemento que forma parte importante de la calidad
del servicio de transporte público-, sino también a las
de la población beneficiaria.
Se delineó, además, el marco normativo y administrativo
de aplicación de la Ley de cita, a partir de las
reformas verificadas que, sin lugar a dudas, establece
que las personas adultas mayores solo requieren del
uso de la cédula de identidad o cédula de residencia,
para ejercer el derecho a la tarifa preferencial.
1 Ley Nº 7935, Ley Integral de para la Persona Adulta Mayor, Ley
Nº 7936 Reforma del Artículo 33 de la Ley Reguladora de Transporte
Remunerado de Personas en Vehículos Automotores Nº 3503 y Ley
Nº 7950 sobre reforma a la ley del Sistema Financiero Nacional para
la Vivienda Nº 7052.
En ese sentido, urgió al Ministerio de Obras Públicas
y Transportes (MOPT), al Consejo de Transporte
Público (CTP) y al Consejo Nacional de la Personal
Adulta Mayor (CONAPAM) para el abordaje inmediato
de la acción impulsada por la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS) de suspender la emisión de
tiquetes y, por ende, la modificación del sistema de
control vigente. Se recomendó, en consecuencia, que
en los contratos de concesión se incluyera el cumplimiento
de esta ley como uno de los requisitos y condiciones
operativas para la explotación del servicio de
transporte público de autobuses.
No obstante, a la fecha ha sido de conocimiento público
el retroceso promovido directamente por esas
mismas autoridades, responsables de brindar la
seguridad del ejercicio de este derecho, al pactar la
continuación del sistema de tiquetes como mecanismo
de control hasta el mes de septiembre del
año 2010, en franca contradicción con los avances
reportados para la puesta en marcha de un sistema
electrónico. Método que ya disponía de los parámetros
técnicos para su funcionamiento, definidos por el CTP
y la ARESEP, y que se encontraban bajo el estudio del
sector transportista para su posterior oficialización.
Así las cosas, al cumplirse una década de la vigencia
de la Ley Nº 7936, la Defensoría de los Habitantes
observa con preocupación que, por lo visto, se necesitan
mucho más de ocho años de uso del sistema
de tiquetes para que el Estado admita que con ese
mecanismo simplemente se perpetúa el espectro
de agravio hacia las personas adultas mayores
usuarias del transporte público y la violación sistemática
de un derecho reconocido, pero cuyo
respeto el Estado se niega a exigir.
Entendida la Defensoría de los Habitantes, de que el
Estado debe garantizar los niveles esenciales del cumplimiento
de los derechos, al igual que la seguridad
humana supone que las condiciones y oportunidades
logradas para el mejor disfrute de los derechos no
pueden ser modificadas en perjuicio de los márgenes
de protección alcanzados, exhortó al Consejo
de Transporte Público y al Consejo Nacional de la
Persona Adulta Mayor, para la adopción de las medidas
correspondientes a fin de proteger las condiciones
actuales del ejercicio de ese derecho mediante el uso
de un mecanismo de control que, así lo permita, sin
perjuicio del sistema elegible.
Sin embargo, el CTP argumenta2 que un nuevo mecanismo
de control para la tarifa diferenciada en favor de
2 El 17 de abril del 2009 el Director del Consejo de Transporte
Público se apersonó a la Defensoría de los Habitantes a rendir