if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo II: Informe de Gestión Dirección de Niñez y Adolescencia 333
4.
ubicada en estas alternativas de protección hacia
organizaciones no gubernamentales; delegando
en éstas la protección de los niños, niñas y adolescentes
separados del medio familiar, lo que
significó un incremento sustancial en la consignación
de los recursos presupuestarios dispuestos
para estas alternativas. Al respecto, la Defensoría
de los Habitantes estará al pendiente de revisar
las estrategias de supervisión y evaluación que
ha establecido el PANI para garantizar que la población
menor de edad que se traslada a estas alternativas
de protección, se encuentre no sólo en
las condiciones físico-sanitarias adecuadas, sino
que, además, la prestación del servicio garantice
plenamente sus derechos en forma integral, considerando
una revisión periódica de las circunstancias
que motivaron el ingreso de la persona menor
de edad en un recurso institucional; todo ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de
la Convención sobre los Derechos del Niño.
Otra situación de especial preocupación para la
Defensoría de los Habitantes, es la población
menor de edad que se encuentra en el llamado
albergue La Garita; donde ingresan adolescentes
(hombres), que enfrentan problemas de “callejización”,
de adicción, de explotación laboral, explotación
sexual y de trata; quienes son referidos por
el Programa de Atención Inmediata (DAI), de las
oficinas locales del PANI y la Fuerza Pública. Lo
anterior derivado de los disturbios suscitados en el
albergue, para inicios del año 2009, motivo por el
que días después, la Defensoría de los Habitantes
realizó una visita al lugar para indagar sobre lo
ocurrido.
Se conoce entonces, que los disturbios acontecen
alrededor de las 9:45 de la noche, solo se encontraba
el personal de cuido diario. Al parecer una de
las señoras (“tías”) procedió a apagar el televisor;
provocando que cuatro adolescentes se molestaran,
y reaccionaran en contra de la funcionaria,
destrozaron algunas partes del inmueble y tiraron
los alimentos. Ante estos hechos se llamó a la
fuerza pública la cual se apersonó al lugar y luego
de múltiples intentos lograron controlar los disturbios.
Como resultado de esta situación los cuatro
adolescentes involucrados fueron denunciados
por los delitos de “abuso sexual contra persona
mayor de edad, amenaza a funcionario público y
daños agravados”, resultando en el traslado de
los cuatro adolescentes al Centro de Formación
Juvenil Zurquí para que descontaran una medida
de detención provisional -privación de libertad- por
un lapso hasta de dos meses. Es decir, resolviendo
los conflictos de la institucionalización con más
institucionalización, esta vez, en un centro penal.
Cuando se entrevista al personal profesional del
albergue sobre estos acontecimientos, consideran
que esos excesos de violencia son resultado,
entre otros motivos, de la frustración que genera
en los adolescentes la ausencia de una respuesta
institucional adecuada que brinde atención integral
a sus necesidades, así como oportunidades
efectivas para cambiar su situación. Al parecer,
algunos de ellos, tienen la posibilidad de ser ubicados
en un recurso familiar comunitario, pero
es en las oficinas locales del PANI donde se resuelven
las solicitudes de ubicación; siendo que
no actúan en forma diligente; tardan hasta cuatro
meses y más para responder. Mientras tanto, en
el albergue los profesionales trabajan con los adolescentes
su posible inserción en la nueva familia,
así como otros aspectos importantes de su historia
vital. Al respecto expresan preocupación porque
no se coordina con las oficinas locales, tampoco
reciben el apoyo y acompañamiento que requieren
para atender de manera integral la situación de
estos muchachos. Esto afecta las posibilidades de
concreción de un proyecto de vida y en el mejoramiento
de las condiciones y calidad de vida de la
población.
Llama la atención a la Defensoría de los Habitantes
que si bien, los cuatro adolescentes incurrieron
en conductas que violentaron derechos y de las
cuales deben asumir su responsabilidad, la aplicación
de las medidas de privación de libertad, que
solicitó la Fiscalía al Juzgado de Alajuela, fueron
excesivas. En materia penal juvenil, la privación
de libertad tiene carácter excepcional 24 por lo que
se aplica como un último recurso; puesto que el
objetivo que inspira esa normativa es educativa,
no punitiva, ni represiva, la cual se deriva de la
Doctrina de la Protección Integral, tanto así que
se prevén las llamadas medidas alternativas tales
como la amonestación y advertencia, libertad asistida,
o haber llegado a una suspensión del proceso
a prueba bajo la custodia del PANI, prestación de
servicios a la comunidad y reparación de daños
a la víctima, las cuales se denominan sanciones
educativas, las cuales pudieron ser utilizadas en
el presente caso.
En ese sentido, preocupa a la Defensoría de los
Habitantes la intervención del propio PANI en el
24 Ley de Justicia Penal Juvenil, artículos 126 y 131.