if08-09 - Asamblea Legislativa

330 Defensoría de los Habitantes
Informe Anual de Labores 2008-2009
en el nivel local, que se compone de 9 Direcciones
Regionales, 41 Oficinas Locales, 58 Juntas de
Protección de la Niñez y la Adolescencia y, en principio,
coordina con 339 Comités Tutelares de los Derechos,
así como con otros actores de la comunidad.
Dentro de la gestión del PANI, las oficinas locales
desempeñan una función primordial en razón de la
responsabilidad de atender el compromiso de “proteger
especialmente y en forma integral a las personas
menores de edad y sus familias, como elemento
natural y pilar de la sociedad.” 17 Son dependencias
institucionales que, en el ámbito administrativo, tienen
el encargo del proceso especial de protección de las
personas menores de edad cuando sus derechos son
amenazados o vulnerados. 18
Es a partir de estas atribuciones, así como aquellas
que le confiere la Constitución Política 19 al PANI, que
preocupa a la Defensoría de los Habitantes el efectivo
y eficiente cumplimiento de éstas obligaciones, particularmente
en lo que atañe al proceso especial de
protección de la niñez y la adolescencia; así como del
rol que corresponde a la institución en general y a las
oficinas locales en particular en cuanto al liderazgo y
eje de coordinación permanente y efectiva, que les corresponde
cumplir en relación con el Sistema Nacional
de Protección de la Niñez y la Adolescencia.
Al respecto cabe mencionar que esta situación ha
sido planteada con anterioridad por esta Defensoría.
Particularmente en el anterior informe anual de labores,
cuando la Defensoría hace la advertencia que
“A partir de su mandato legal y con la experiencia de
casi setenta y ocho años de trayectoria en la tutela
de los derechos de las personas menores de edad,
el PANI es la institución que debe conducir el proceso
de protección integral, convocando a las instituciones
y organizaciones sociales para lograr consenso y trabajar
desde una planificación y cooperación conjunta
los asuntos de niñez y adolescencia. Por ello, hasta
tanto en el PANI no se concrete el proceso de reforma
institucional y se asuma la tutela de los derechos de
las personas menores de edad desde los principios
que rigen la protección integral, resulta difícil que tal
conducción sea efectiva y consecuente con el mandato
constitucional y legal correspondiente.”
17 Artículo 1. Ley Orgánica del Patronato Nacional de la
Infancia. Nº7648 del 9 de diciembre de 1996.
18 Código de la Niñez y la Adolescencia, Artículo 129.
19 Constitución Política, artículo 55: “La protección especial
de la madre y el menor estará a cargo de una Institución autónoma
denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración
de otras instituciones del Estado”.
A partir de las quejas que la Defensoría de los
Habitantes recibe, así como de la valoración de otros
ámbitos de intervención en el sector de niñez y adolescencia,
se debe insistir en este punto, en el tanto el
país no cuenta con un modelo de gestión institucional
debidamente diseñado y dispuesto para garantizar la
efectividad del Sistema Nacional de Protección, del
cual, por la competencia constitucional que le corresponde
al PANI, ésta última cumple un rol fundamental.
A esto se suma, como también se ha insistido en forma
reiterada, que no se cuenta con Políticas Públicas para
la niñez y la adolescencia que permitan construir la estrategia
país para alcanzar el efectivo cumplimiento de
los compromisos asumidos en cuanto a los derechos
de esta población.
En este sentido, se ha considerado importante, en
lo que atañe al presente Informe Anual de Labores,
tomar en consideración la casuística que ingresa en
la Defensoría de los Habitantes, con especial referencia
a la del período de este informe, para analizar el
estado de situación en cuanto al papel del PANI en el
cumplimiento del mandato constitucional de protección
al niño, niña y adolescente.
El Proceso Especial de Protección
Todos los niños, niñas y adolescentes necesitan protección,
debido a su especial condición de desarrollo
evolutivo. No obstante, hay quienes por circunstancias
muy particulares, requieren de mayor contención y
apoyo que otros, debiendo el Estado intervenir para
ser garante de una protección especial porque sus derechos
fundamentales son fuertemente amenazados o
transgredidos.
La protección especial significa entonces, que el
Estado es responsable de adoptar “medidas especiales
de protección” que permitan modificar las circunstancias
adversas en que se encuentran algunos niños,
niñas y adolescentes que menoscaban su desarrollo
integral y pleno. Es así como la protección especial,
debe asegurar una “atención positiva y preferencial”
que logre restituir los derechos vulnerados de la población
menor de edad que enfrenta estas situaciones;
por cuanto la protección especial “no se trata ya de dar
beneficios a los niños, sino de acabar con los maleficios
que no les dejan disfrutar de los beneficios que
otros tienen.” 20
20 Gómez Da Costa, Antonio Carlos, Introducción a la Doctrina de
la Protección Integral, ponencia en el contexto de elaboración del
proyecto de Código de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica,
1997.