if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo II: Informe de Gestión Dirección de Niñez y Adolescencia 325
2.
la virtud de mantener a las y los estudiantes vinculados
en el sistema educativo y con sus pares, así
como permitirles avanzar a su ritmo, tomando en
cuenta sus diferencias individuales; lo que, desde
un enfoque de derechos y de protección especial,
tiene una gran relevancia para reducir los niveles
de vulnerabilidad de la población y garantizar efectivamente
sus derechos.
Se consideran positivos y necesarios los cambios
relacionados con la definición de la condición de
aplazados o reprobados de manera que se tome
en cuenta, únicamente, el promedio anual ponderado
de las calificaciones. Así como que el estudiante
que aplaza en conducta el curso lectivo,
debe cumplir con el correspondiente programa de
acción de interés institucional o comunal, eliminando
la presentación de pruebas en las materias
que no se alcanzara un 80% como ocurría anteriormente.
Consecuencia que tenía un único efecto
sancionador, mas no socio-educativo.
3. No obstante lo anterior, hasta tanto no se evalúe
debidamente la ejecución de la reforma, se mantiene
la reserva en cuanto a los resultados que
pueden obtenerse de manera efectiva y su incidencia
en la promoción. Cabe señalar que si bien,
el/la estudiante ya no pierde el año completo sino
que reprueba materias, situación que tiene lógica;
se dan algunas situaciones de orden práctico y
operativo que podrían afectar los resultados esperados.
Por ejemplo si un/una adolescente reprueba
en una o dos materias en sétimo año, debe repetir
esas dos materias y avanzar en aquellas de octavo
año que, por horario, no le choquen o para las
cuales la materia reprobada no sea requisito. Por
lo que en los siguientes años irán “arrastrando”
tanto la materia rezagada, las de niveles superiores,
así como aquellas que no haya podido cursar
por choque de horario o limitación en capacidad
locativa de secciones. Esto nos lleva a considerar
que cuando esté en quinto año, sigue arrastrando
materias lo que al final redunda en que debe estar
mínimo un año más. En este sentido se consultó
al Ministro de Educación, si en aquellos casos en
que las y los estudiantes deben una o dos materias,
podrían llevarlas por suficiencia, pero la respuesta
fue negativa, al indicar que la posibilidad
de exámenes por suficiencia, fue considerada por
el Consejo Superior de Educación, pero luego de
analizarla se concluyó que era preferible iniciar
con estas reformas y mantener por el momento las
dos pruebas de ampliación.
4. Por otra parte, durante el año 2009, la Defensoría
de los Habitantes ha conocido quejas de padres y
madres de familia y estudiantes relacionadas con
diversas situaciones derivadas de la puesta en
marcha de la propuesta, las cuales requieren de
una atención oportuna, como así lo ha procurado
esta Defensoría, por parte de las autoridades educativas
con el propósito de reducir la afectación
que la incertidumbre y la incerteza normativa genera
en esta población. Entre los aspectos que se
han evidenciado están:
a)
b)
c)
d)
Imposibilidad de las y los estudiantes de
matricular materias del año siguiente debido
que los horarios elaborados por el
colegio no lo permiten.
Imposibilidad de adelantar materias del
año siguiente por saturación en el número
de estudiantes, en algunos casos
superaban los 45 hasta 60 estudiantes por
sección.
Dificultad para elaborar los horarios por
parte de directores y directoras, en algunos
casos debieron hacer gestiones para
abrir más secciones.
También se presentaron dudas y errores
en la aplicación de esta nueva normativa
por parte de personeros del Ministerio de
Educación, como por ejemplo, cuando se
excede en el número de materias reprobadas
y en cuanto a la aplicabilidad de la
normativa en los colegios científicos.
Sin perjuicio de las resoluciones particulares que se
adopten, es necesario que el Ministerio de Educación
Pública informe adecuada y oportunamente a la población
estudiantil y a los padres y madres de familia
sobre los alcances de la reforma, a la luz de su implementación.
Asimismo, que capacite adecuadamente
al personal docente y docente-administrativo de los
centros educativos, las direcciones regionales y demás
instancias sobre la aplicación de la reforma y los
criterios de interpretación e integración de los casos
particulares, teniendo en cuenta de manera particular
los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el
principio de su interés superior.