if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo I Seguridad Humana 47
Esta situación es preocupante para garantizar la vigencia
de Derechos Humanos, en el tanto es reflejo
del incumplimiento de una de las funciones principales
y definitorias del Estado, cual es garantizar la paz
social mediante el monopolio en el uso de la fuerza.
Implica la privatización de la Seguridad y su conversión
en una mercancía que sólo está al alcance de
aquellos que tienen la capacidad económica de costearla.
Por otra parte, la portación de armas de fuego
por los particulares lejos de garantizar la seguridad de
las personas, incrementa la violencia, especialmente
en el ámbito intrafamiliar y comunitario y se constituye
en una causa más de inseguridad.
En forma reiterada, la Defensoría ha señalado que
el funcionamiento de las
empresas de seguridad
privada, no cuenta con un
control eficiente sobre el
número de empleados y la
capacitación que reciben;
los tipos de actividades de
seguridad, y el número y
tipos de armas que utilizan.
Pese a esto en el año 2006
se tuvo conocimiento sobre
la firma de alianzas de colaboración
entre el Ministerio
de Seguridad Pública y
empresas de seguridad
privada, seguridad bancarias
y algunas empresas
comerciales que cuentan
con personal de seguridad
para sus entregas. En este
caso, se denunció este tipo
de convenios por el riesgo
que implica delegar en privados, elementos esenciales
de la función policial, con el consiguiente riesgo de los
derechos de los y las habitantes. Si bien estos convenios
no rindieron los resultados que se esperaban y
no fueron realmente ejecutados, la última información
aportada por el Ministerio de Seguridad Pública deja
entrever que se mantiene la pretensión de establecer
alianzas entre la Fuerza Pública y algunas empresas
de seguridad. Ante esta situación, la Defensoría de
los Habitantes reitera el pronunciamiento respecto a
la inconveniencia de involucrar y delegar en organizaciones
particulares el ejercicio de la función
estatal de seguridad pública, siendo que tal función
únicamente debe ser desempeñada por las
autoridades asignadas por la ley y en el marco del
Ordenamiento Jurídico.
Asimismo es necesario que el Estado, a través del
Ministerio de Seguridad Pública, realice una estricta
“En el caso de las empresas de seguridad la situación
reviste mayor gravedad. Se está frente a cuerpos
armados que no responden al interés público sino
a los intereses privados de quienes los contratan.
Además, es un servicio que por su misma naturaleza
conlleva un riesgo para los derechos fundamentales
de terceras personas. Aunque los agentes de
seguridad privada carezcan de las potestades legales
propias de la función policial, en la mayoría de los
casos se encuentran de hecho en una posición de
ventaja frente al particular, situación que facilita la
vulneración de derechos. Frente a estos, el particular
no cuenta con las garantías legales y constitucionales
que le asisten en el caso de las actuaciones realizadas
por las autoridades públicas, ni se trata de empresas
sujetas a una obligación de rendición de cuentas ante
la sociedad.”
regulación y control sobre las empresas de seguridad
privada. Esta fiscalización no debe, desde ningún punto
de vista, limitarse a la comprobación de requisitos
formales, sino que debe cubrir aspectos tales como la
capacitación y formación de los agentes de seguridad
privada en materias tales como materia policial, legislación
y conocimiento en derechos humanos y uso
adecuado de las armas que portan.
Por otra parte, ese Ministerio, en coordinación con el
Ministerio de Trabajo, debe supervisar que se respeten
los derechos laborales a los agentes de seguridad
privada, en aspectos tales como la provisión de condiciones
laborales dignas, la remuneración justa, el establecimiento
de jornadas laborales legales, la cobertura
del seguro social y de riesgos
laborales; como parte
Dirección de Protección Especial, 2009
de las medidas que se deben
promover para lograr
mejorar las condiciones
de seguridad económica
y social de la población
trabajadora.
VI. Los Derechos
Humanos deben
ser el énfasis de la
Profesionalización
Policial
Anterior al año 1994, la
función policial era regulada
a través de normas
dispersas por lo que no
existían criterios homogéneos
en los aspectos
más importantes de ésta:
selección del personal policial, formación y régimen
laboral. Con la emisión de la Ley General de Policía no
sólo se establece una regulación legal única para los
diversos cuerpos policiales que conforman la Fuerza
Pública, sino que se sujeta a todo su personal a un
proceso común de formación y capacitación denominado
Curso Básico Policial. Asimismo, se regulan los
mecanismos de ascenso y promoción de sus miembros,
creando una verdadera carrera policial. Es por
lo anterior que se considera la emisión de la Ley 7410
como el inicio del proceso de profesionalización de la
Fuerza Pública.
La profesionalización de los cuerpos policiales, tiene
diversos efectos sobre la política general de Seguridad
Ciudadana de un país. En primer término, dignifica la
posición del agente de policía y favorece el respeto y
la confianza de la población en los cuerpos policiales.
Por otra parte, la formación permite que los agentes de