if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo II: Informe de Gestión Dirección de Protección Especial 189
II.
Personas con Discapacidad
Nuestro país ha promulgado diversas leyes y adoptado
varios tratados internacionales con el propósito
de reconocer y reforzar los derechos humanos de las
personas con discapacidad, tanto los que comparten
con los demás miembros de la sociedad como aquellos
que son propios de su condición. Sin embargo,
aún falta mucho camino por recorre para garantizarles,
realmente, una sociedad inclusiva, donde se les
provea una seguridad sustentada en la satisfacción de
sus necesidades.
Así las cosas, la inseguridad pública y otras situaciones
adversas que enfrenta la población con discapacidad
deben comprenderse como una auténtica forma de
violencia, que experimentan producto de actitudes sociales
marcadas por los prejuicios y los estereotipos.
La exclusión social a las que se ven sometidas las personas
con discapacidad tiene muchas facetas, entre
las cuales se puede mencionar las dificultades de trasladarse
libremente por el entorno físico, sin obstáculos
impuestos por el diseño arquitectónico o la segregación
de personas por el simple hecho de contar con un
trastorno mental.
A continuación se describirá una serie de denuncias
recibidas por la Defensoría de los Habitantes que
han sido relevantes y que reflejan el estado de situación
de los derechos humanos de las personas con
discapacidad.
1. La inclusión de las Normas de Accesibilidad
en el Manual de Revisión Técnica de Vehículos: El
logro de la persistencia
En el informe anual del período anterior, la Defensoría
de los Habitantes indicó que se había recomendado al
Ministerio de Obras Públicas y Transporte: “incorporar
en el Reglamento y en el Manual de Revisión Técnica
lo estipulado en la Ley Nº 7600 y su Reglamento
respecto a la disposición de las medidas técnicas específicas
que debe cumplir el transporte público para
garantizar la accesibilidad y adecuación a las necesidades
de las personas con discapacidad.”
Luego de persistentes gestiones ante el Consejo de
Transporte Público para que “entendiera” que era a
esa entidad a la que le correspondía modificar el manual
y no a RITEVE, a finales de septiembre del 2008,
el Director de ese Consejo informó que el Manual había
sido aprobado el día 25 de ese mes 11 y que entraría
en vigencia a partir del 1° de enero de 2009.
11 El Manual de Procedimientos para la Revisión Técnica de
Propiamente, en el artículo 32.3 del Manual es donde
se estipulan las especificaciones técnicas relativas al
transporte público remunerado de personas, entre las
que se destacan “que posean rampa ó elevador para
el abordaje o desabordaje de pasajeros, en funcionamiento
y espacio interno para la colocación de sillas de
ruedas, según lo que haya dispuesto por el Consejo de
Transporte Público”. Esto significa que ahora Riteve
sí puede y debe verificar que las unidades de
transporte público dispongan de asientos preferenciales
para las personas con discapacidad.
Asimismo, el artículo 33 del Manual establece como
defecto grave no poseer rampa ó elevador para el
abordaje o desabordaje de pasajeros o bien, teniendo
que se encuentre averiado, el no contar con espacio
interno para sillas de ruedas, no contar con sistema
para la inmovilización de sillas de ruedas o con cinturones
de seguridad para los ocupantes en sillas de
ruedas.
Sin duda es un avance la inclusión de algunas normas
técnicas sobre accesibilidad contempladas en la
Ley N° 7600 y en su Reglamento; sin embargo, no se
incorporaron todas las medidas establecidas en el artículo
165 del Reglamento de la Ley N° 7600, como el
ancho de las puertas, la altura del primer escalón y la
estructura del piso que permita el fácil acceso de una
persona en silla de ruedas. Tales requisitos son importantes
para garantizar el efectivo ingreso y descenso
de las personas con discapacidad, personas adultas
mayores, mujeres embarazadas, entre otras.
El acceso efectivo de las personas con discapacidad
al transporte público incide notablemente en su condición
de seguridad humana, en los términos en que
la Defensoría de los Habitantes lo ha conceptualizado,
pues si estas personas no pueden hacer uso del
transporte público, tendrán serias dificultades para el
ejercicio de derechos fundamentales como la salud y
la educación, entre otros, porque no podrán llegar a los
lugares en los cuales se ofrecen esos servicios.
Tómese en cuenta que un alto porcentaje de personas
con discapacidad se encuentran bajo de la línea de la
pobreza y que el transporte colectivo público se constituye
en el medio más barato para su movilización.
Otras opciones como el servicio de taxi representan
una erogación que no siempre pueden cubrir.
Vehículos en Estaciones fue aprobado en la sesión 69-2008, del
25 de septiembre del 2008, de la Junta Directiva del Consejo de
Transporte Público, y fue publicado en diario oficial La Gaceta del 19
de diciembre de 2008.