if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo I Seguridad Humana 19
Riego y Avenamiento, la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos y el mismo AyA.
IV.
Sede Regional Huetar Norte
Pensiones del régimen no contributivo: reincidencia
de la denegatoria de solicitudes, dilación en la
resolución, apelaciones y cancelación.-
definitiva en razón del ingreso reportado, y 3 por tener
posibilidad de acceder a otro régimen de pensión.
Más allá de la dilación en la resolución de solicitudes
y de apelaciones, existen serias necesidades de la
población más vulnerable del país que continúan sin
resolverse, lo que ocasiona un enorme daño a las personas
que sufren la pobreza, la exclusión y la vejación
de sus derechos como consecuencia de la falta de
ingresos para subsistir.
El enfoque de seguridad humana incluye el derecho a
la seguridad social, que comprende mecanismos tales
como los sistemas de pensiones y de previsión social.
De acuerdo con la normativa que rige la materia, en
Costa Rica la población
que se beneficia o que
pide ser beneficiada con
pensiones del Régimen No
Contributivo de Pensiones
(RNC), comprende a colectivos
que enfrentan las
contingencias propias de la
edad o de la discapacidad
sin una fuente de ingresos,
como consecuencia de diversas
circunstancias que
les impidieron acreditar
las cuotas suficientes para
optar por una pensión del sistema del Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) u otro similar, así como
dificultades para consolidar un ahorro a lo largo de su
vida. Ante dicha contingencia, el Estado costarricense
tiene la obligación constitucional 1 de proporcionar la
ayuda necesaria para garantizar a esta población una
vida digna, y entre otras vías, el RNC constituye una
de las principales políticas de Estado para cumplir con
dicha obligación.
No obstante, la administración de ese régimen de
pensiones ha sido foco recurrente de las quejas ciudadanas
y la consecuente atención de la Defensoría de
los Habitantes. Durante el período 2008-2009, la Sede
Regional Huetar Norte recibió un total de ciento dieciocho
denuncias contra el RNC, 86 en el 2008 y 32 en el
primer cuatrimestre de 2009. De las recibidas en 2008,
37 fueron de trámite y 49 de orientación al habitante.
De los 37 asuntos de trámite, 12 se encontraban pendientes
de resolver por la oficina de Trabajo Social de
Alajuela, incluyendo la realización de visitas al hogar,
6 se habían apelado y estaban pendientes de resolver,
13 aguardaban la resolución de Recursos de Amparo
por falta de respuesta, 3 fueron denegadas de manera
1 Artículo 74 de la Constitución Política.
“El fondo de las denuncias recibidas por la Defensoría,
tiene que ver mayoritariamente con la dilación en la
resolución de apelaciones, situación que además de
motivar las quejas ante la Defensoría, también ha
conducido a la interposición de varios recursos de
amparo ante la Sala Constitucional, con la finalidad
de que la Administración responda tales recursos con
prontitud.”
Asimismo, las denuncias de las y los habitantes contra
la gestión del RNC en esta región, apuntan a que los
estudios del Área de Trabajo Social en que se fundamentan
las decisiones de otorgar o denegar una pensión,
suelen comprender información errónea que no
corresponde a la realidad.
Con el propósito de ilustrar
las implicaciones de las
denuncias que se plantean
contra la administración del
RNC en la zona norte, conviene
reseñar el caso de
una habitante que intentó
acceder a una pensión.
Dirección de Regionales, 2009
Esta habitante es madre
soltera, jefa de hogar, analfabeta,
con cuatro hijos
menores de edad, sin ingreso económico y en condiciones
de extrema pobreza. Presentó una solicitud de
pensión por invalidez desde el año 2006 para una de
sus hijas, que sufre de parálisis cerebral profunda, pero
en junio de ese mismo año, de acuerdo con la resolución
PEN-SCQ-RNC-06-06 de la Caja Costarricense
del Seguro Social (CCSS), su solicitud fue denegada.
Al respecto, según consulta No. 07509-2006-CON,
desde ese momento se le indicó que debía presentar
un recurso de apelación en el plazo de tres días.
En consecuencia, la señora O.D-Z.L presentó desde
junio del 2006 la respectiva apelación ante la instancia
competente. Sin embargo, al 29 de noviembre del
2007, la apelación no había sido resuelta, razón por la
que acude a la Sede Regional de la Defensoría de los
Habitantes, con la solicitud de que interceda ante la
CCSS y se le brinde una pronta respuesta.
La Sede Regional Norte realizó consultas informales
vía telefónica y a través del correo electrónico al
Departamento de Apelaciones de la CCSS, y posteriormente
remitió el oficio No. DHR-RN-047-2007 el 17 de
mayo del 2007 a dicho Departamento, solicitándole un
informe sobre el retraso. Sin embargo, dicha solicitud
no fue atendida y en razón de ello, se debió enviar una