if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo I Seguridad Humana 29
cuenta en el expediente personal de cada persona
policía, en el marco de una política de cero tolerancia
a la violencia ejercida por el personal policial.”
La Defensoría considera que, si bien la Fuerza Pública
en general tiene que ver con parte del problema de la
violencia contra las mujeres, un cuerpo policial especializado,
sensibilizado y con mayores herramientas
para la ejecución de sus labores, designado con exclusividad
para ese fin es el mecanismo que configura un
evidente avance para salvaguardar la vida y la dignidad
de las mujeres y por ende, garantizar la vigencia
de la seguridad humana y los derechos humanos.
Este proceso sólo es posible con un real apoyo político
del tema en el marco de una mirada de largo plazo que
lo establezca en una política policial con perspectiva
de género, sostenida a través del tiempo.
c. Asignación Presupuestaria y atención de la
violencia en el Poder judicial: una relación que no
coincide en el ámbito penal.
En el año 2007, con la implementación judicial de la
nueva Ley de Penalización de la violencia en contra de
las mujeres, aprobada en abril 2007, se le aprobó un
presupuesto extraordinario al Poder Judicial de 2953
millones. En los años subsiguientes (2008-2009),
este presupuesto se convirtió en presupuesto ordinario,
asignado principalmente a la Fiscalía General
y al Departamento de Trabajo Social y Psicología del
Poder Judicial.
En seguimiento del buen uso del contenido presupuestario,
se consultó a ambas instancias sobre la especificidad
y exclusividad de esas plazas para conocer y
aplicar la Ley de penalización de la violencia contra
la mujer, el perfil del/a profesional, la ocupación de
la totalidad de las plazas asignadas y la distribución
en las fiscalías. Asimismo se consultó a la Oficina de
Atención a la Víctima sobre los casos atendidos de
las víctimas de los hechos tipificados en la Ley de
Penalización del Violencia en contra de las mujeres y
sobre la creación de las circulares o directrices para la
aplicación e implementación de la Ley.
El Fiscal General señaló que se asignaron 20 plazas
de fiscal auxiliar y 19 plazas de auxiliar judicial en el
nivel nacional, dichas plazas son de carácter extraordinarias
del 2008; sin embargo, la distribución no sufrirá
cambios para el 2009, son plazas específicas pero no
exclusivas. En cuanto a la asignación de estas plazas,
la persona que ocupa este puesto solo tiene que cumplir
con los requisitos que se establece para ser Fiscal
de la República y dentro de la capacitación que se
le otorga a los fiscales de nuevo ingreso se incluyen
temas relacionados con la violencia doméstica y de
manera específica de la Ley de Penalización.
Asimismo el Departamento de Trabajo Social y
Psicología indicó que se asignaron 15 plazas y se
conformaron equipos interdisciplinarios ubicados
en distintos Circuitos Judiciales en todo el país, con
un perfil específico para la atención de la violencia
intrafamiliar, los equipos fueron creados para valorar
en forma prioritaria a las víctimas de violencia contra
la mujeres; sin embargo, cuando la demanda baja se
apoya en la valoración de otros casos de delitos como
sexuales, penal juvenil, violencia doméstica y familia,
pero otorgando prioridad a los casos de mujeres víctimas,
según lo indica la Ley.
Asimismo se emitieron tres directrices para la aplicación
e interpretación de la ley en aspectos como
la prohibición de utilizar criterios de oportunidad en
hechos típicos de la Ley de Penalización, la centralización
en la Fiscalía Adjunta de Violencia Doméstica y
Delitos Sexuales, la regulación del criterio de oportunidad
en asuntos de violencia doméstica fuera del marco
jurídico de la Ley de Penalización.
Con la información referida, la Defensoría ha cuestionado
el hecho de que este presupuesto de 2953
millones de colones, que inicialmente pretendía la
implementación de una ley específica y especial,
como lo es la de penalización de la violencia en contra
de las mujeres. Lo anterior, porque el hecho de que
la actual asignación de plazas no sea exclusiva para
este propósito, desnaturaliza la intención originaria y
en consecuencia los efectos sobre el fenómeno social
que pretende solucionar la ley.
Este es un cuestionamiento que la Defensoría planteó
desde el año pasado; pero hoy se potencia a partir
de la resolución de la Sala Constitucional que declaró
inconstitucional los delitos de maltrato y violencia
emocional de la ley, cuya atención implicaba el 70%
y 75% del total de las denuncias presentadas. De
esta forma, la disminución aproximada de un 25% de
la demanda de denuncias, genera consecuentemente
una disminución en ese mismo porcentaje del trabajo
del personal asignado para su atención. Si antes de
esta resolución el personal contratado para implementar
la ley podía ser reubicado hacia otras prioridades,
hoy con una importante reducción de la demanda, el
personal se encuentra efectivamente reforzando otros
temas penales.
Debe además avanzarse en los procesos de capacitación
y sensibilización hacia todo el personal de los despachos
tales como personal de atención y auxiliares.
Asimismo, pueden regionalizarse algunos servicios de