if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo II: Informe de Gestión Dirección de Control de Gestión Administrativo 283
se embarquen o desembarquen por los puertos de
la Vertiente Atlántica; no obstante, su Ley Orgánica
la faculta para recurrir a la colaboración de los
particulares para la prestación de ese servicio. Así se
desprende de lo dispuesto en los artículos 6 inciso h) y
17 inciso i) que indican:
“Artículo 6.- Como autoridad portuaria, corresponderá
a JAPDEVA:
h) Tramitar las solicitudes de concesión,
dentro de los tres meses siguientes a la presentación
de las mismas, para el establecimiento
de servicios portuarios y de transporte
privados en la Vertiente Atlántica, trasladándolas
con las recomendaciones pertinentes
al Poder Ejecutivo, quien deberá resolver en
un plazo no mayor de tres meses. Debe entenderse
que la falta de resolución de parte
del Poder Ejecutivo, implica aceptación de la
solicitud”.
“Artículo 17.-
El Consejo de Administración tendrá facultades
para ejercer todas las funciones y
ejecutar todos los actos que JAPDEVA esté
autorizada a realizar. En ese sentido, tendrá
entre otras, las siguientes atribuciones:
i) Dar permisos de usos y prestación de servicios,
sujetos a cánones sobre determinados
espacios portuarios y actividades portuarias,
siempre que estén destinados a las funciones
propias de empresas navieras, aduanales o
de transporte; (...)”.
La figura jurídica por excelencia, mediante la cual
la Administración puede recurrir a la colaboración
de particulares para la prestación de un servicio
público, es la concesión. Refiriéndose a los alcances,
características y derechos que derivan de la concesión
para la prestación de un servicio público, la Procuraduría
General de la República ha indicado lo siguiente:
“La concesión alude a un contrato administrativo
en virtud del cual el Estado y un empresario
se ponen de acuerdo para que este
último, bajo el control y vigilancia del primero,
explote el servicio público a cambio de un
precio o tasa que cobrará a los usuarios del
mismo. No obstante, en virtud de su carácter
público, el Estado no puede desentenderse
del mismo, quedando obligado a organizar,
supervisar y controlar la prestación del servicio”.(Dictamen
a consulta Nº C-099-99).
Si bien la normativa que faculta a JAPDEVA para
otorgar concesiones en esta materia no establece que
deba seguirse el procedimiento de licitación pública,
tal obligación deriva de lo dispuesto en el artículo 182
Constitucional y la Ley de Contratación Administrativa.
Así lo ha reconocido la Sala Constitucional, en
reiterada jurisprudencia -vinculante erga omnes- al
señalar que la citada norma constitucional:
“(...) desarrolla el principio general que enuncia
la primera obligación constitucional en la
materia de la contratación administrativa, en
virtud del cual, «toda contratación que celebre
el Estado, debe tramitarse por medio del procedimiento
de licitación», como lo indicó esta
Sala en la sentencia número 2101-91, de las
ocho horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho
de octubre de mil novecientos noventa
y uno, y lo ha reiterado en su jurisprudencia.”
(Sentencia n.° 998-98 de las 11:30 horas del
16 de febrero de 1998).
La regla debe ser la concesión, a través del respectivo
procedimiento de licitación pública, limitando los
permisos, básicamente, a casos de urgencia en los
que esté en peligro la continuidad del servicio. Art. 74 y
55 LCA y Art. 2 inciso 3 y art. 5 inciso 4) Ley Nº7762
Antecedentes próximos en materia de concesión
portuaria
En cuanto a la variable jurídica de dar en concesión
los puertos, con la interposición de la acción de
inconstitucionalidad conocida en el expediente 04-
003389-0007-CO se pretendió declarar contrarios a la
Constitución Política los actos de invitación a concursar
realizados por el Instituto de Puertos al Pacífico
(INCOP) y por el Consejo Nacional de Concesiones en
las licitaciones internacionales Nº 1-2001 concesión de
servicios públicos de la terminal de Caldera, Nº 2-2001
concesión de gestión de servicio público de la terminal
de Puntarenas, Nº 3-2001 concesión de gestión de
servicios públicos de remolcadores en la Vertiente
del Pacífico, Nº 3-2001 concesión de obra pública
de la terminal granelera Puerto Caldera y Nº 4-2001
concesión de obra pública con servicio público de la
terminal atunera de Puerto Caldera, todas publicadas
en La Gaceta Oficial Nº 68 del cinco de abril del dos mil
uno, así como posterior adjudicación y refrendo; y de
igual modo respecto de los artículos 2 incisos 2) y 3) y
5 inciso 4) de la Ley General de Concesión de Obras
Públicas con Servicios Públicos, Nº 7762 del dos de
abril de mil novecientos noventa y ocho.
Lo anterior bajo el fundamento de que sólo por la