if08-09 - Asamblea Legislativa

230 Defensoría de los Habitantes
Informe Anual de Labores 2008-2009
la Defensoría en la Acción de Inconstitucionalidad
presentada.
Conviene recordar que debido a sus impactos, la minería
es una actividad que debe ser controlada estrictamente
en todas sus etapas, desde la prospección y
explotación hasta el transporte, procesamiento y consumo.
En muchos casos, un control estricto significa
sencillamente prohibición. Pretender que las corporaciones
mineras se controlarán a sí mismas es más que
ingenuo: es absurdo. Incluso el control de los propios
gobiernos es insuficiente, teniendo en cuenta el poder
económico y político que las corporaciones mineras
han demostrado tener sobre ellos. Se debe empoderar
a la sociedad en su conjunto para que participe directamente
en este control.
“Al concebirse el agua como de utilidad pública, un bien público y de interés
social, se sobreponen los intereses de la comunidad a los intereses de
inversionistas privados, nacionales o extranjeros, a quienes se les confiere
el derecho de explotar un recurso público para provecho propio, pero
condicionado en todo caso a las prioridades de uso que establece la normativa
vigente. Por lo tanto, debe garantizarse el efectivo ejercicio de participación
ciudadana, involucrando a la población en la toma de decisiones.”
Dirección de Calidad de Vida, 2009
Pero ante todo, los pueblos que viven en las regiones
ricas en minerales deben tener la capacidad de tomar
decisiones plenamente informadas para decidir si
permiten o no actividades de minería en sus territorios.
Y en caso de aceptar, deben tener el poder para decidir
cómo se debe llevar a cabo la actividad, de forma que
asegure la conservación ambiental y la justicia social.
La Sala Constitucional, admitió para su estudio la
acción de inconstitucionalidad presentada por la
Defensoría el 23 de febrero de 2009. Al respecto, el
día 27 de mayo 2009, se notificó a la Defensoría que la
acción presentada había sido acumulada a la No. 08-
014900-0007-CO. De conformidad con lo anterior, la
Defensoría estará a la espera de la resolución judicial
correspondiente.
de perforación de pozos y construcción de un acueducto
en dicha comunidad por medio de la figura de
fideicomiso utilizada por el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados, proyecto que favorecería
el suministro de agua potable en playas de El Coco
y Ocotal, privilegiando el uso turístico y comercial del
agua, sobre el uso poblacional.
Mediante informe final con recomendaciones 29 , la
Defensoría de los Habitantes indicó que debido a que
el agua es un bien de dominio público, tal y como lo
dispone la Constitución Política –artículos 121, inciso
14 y 140- y la legislación vigente interna artículo 264
de la Ley General de Salud y 50 de la Ley Orgánica del
Ambiente, así como en los convenios internacionales,
particularmente en la Declaración Centroamericana
del Agua (1998). Por esa naturaleza y
los fines que cumple, el agua es objeto
de una tutela jurídica especial dentro
del Sistema de derecho costarricense
a todo nivel (constitucional, legal,
reglamentario), que garantiza que el
uso y aprovechamiento para consumo
humano básico está por encima de
usos comerciales, industriales o
cualesquiera otros.
De la investigación realizada por la
Defensoría de los Habitantes, se pudo
constatar que las obras del acueducto
Playas del Coco, se iniciaron sin contar de previo
con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Asimismo, es necesario destacar que el Servicio
Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
(SENARA), institución que por ley le corresponde la
responsabilidad de investigar y proteger las aguas
subterráneas, siendo sus pronunciamientos vinculantes
para las instituciones públicas y privadas, no
recibió, en forma oportuna y previo al inicio de las
obras, los estudios sobre la explotación del acuífero
de Tempisque del cual forma parte el acuífero de
Sardinal, en los cuales se fundamenta la ejecución
de la obra; lo anterior representando una situación de
evidente riesgo.
B.- Protección del Recurso Hídrico: Caso del
Acueducto Sardinal, El Coco y Ocotal
La Defensoría tuvo conocimiento, de parte de algunos
vecinos de la comunidad de Sardinal 28 , del proyecto
28 Expedientes número 18003-2008-SI, 17590-2008-SI,
Del análisis realizado de los estudios técnicos presentados
por el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA), como sustento del proyecto y
del estudio realizado por la Comisión Interinstitucional
creada para completar los mismos, la Dirección
19007-2008-SI, 19150-2008-SI, 19152-2008-SI, 19167-2008-SI
29 Oficio No. 12810-2008-DHR de fecha 18 de diciembre de
2008.