if08-09 - Asamblea Legislativa

242 Defensoría de los Habitantes
Informe Anual de Labores 2008-2009
vivienda, no da pie a que se pueda exigir al Estado una
solución habitacional individual e inmediata. La Sala
Constitucional, ha admitido que la posibilidad de exigir
una solución habitacional, depende de las políticas
establecidas en la legislación y demás normativa de
desarrollo. En este mismo sentido, los precedentes
constitucionales han indicado que la legislación que
desarrolle el derecho a la vivienda, debe aplicarse
de acuerdo con criterios de igualdad y siempre
tendiendo a cumplir el objetivo fijado de satisfacer las
necesidades de vivienda de la población necesitada.
Siempre, sin embargo, subsiste la facultad del Estado
de racionalizar la ayuda pública, con vista en lo escaso
de los recursos disponibles.
Lo anterior lleva a concluir
que si bien, el derecho
a la vivienda establecido
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e ,
faculta a la persona para
exigir una prestación
positiva del Estado, en
modo alguno atribuye
un derecho subjetivo
que le habilite para
demandar del Estado una
solución inmediata a su
problema habitacional.
C o r r e s p o n d e r á a
l a l e g i s l a c i ó n d e
desarrollo establecer los
presupuestos bajo los
cuales una persona puede demandar del Estado
una solución habitacional. La eficacia del derecho
a la vivienda, pues, se vincula directamente con
su legislación de desarrollo, particularmente con la
denominada legislación de protección a la vivienda.
Esta legislación de protección a la vivienda, se
entiende, como una legislación dirigida, esencialmente
a un amplísimo sector de familias y de ciudadanos
que no podrían acceder a una vivienda a través
del mercado sin ayudas públicas. Es decir, que sin
perjuicio de otro tipo de legislación de desarrollo -
por ejemplo, aquella, dirigida a fomentar el acceso
a los créditos bancarios de vivienda-, corresponde a
la legislación de protección un papel esencial en la
concreción del derecho a la vivienda, pues este tipo
de normativa tiene por población beneficiaria al sector
más vulnerable de la sociedad, a saber, aquellos que
no podrían tener un techo sin la asistencia prestacional
del Estado.
para que una persona pueda acceder a una vivienda
a través de las ayudas públicas, sea nacional o
extranjero.
En el caso costarricense, el legislador ha seleccionado
diversas formas para dar cumplimiento al mandato
constitucional y a la obligación del Estado de cumplir
con los convenios internacionales aprobados y ratificados
que consagran el deber de proveer a las personas
de hogar digno, cuando por ellas mismas no puedan
lograrlo. Entre la institucionalidad existente se encuentra
la atribución a un Ministerio de la materia concreta
de vivienda y la creación de entes públicos especializados
en el tema, como son el Banco Hipotecario
de la Vivienda o el Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo.
Esta institucionalidad
generada para la promoción,
generación y
ejecución de políticas
públicas que permitan
dotar de vivienda a las
personas que así lo necesiten,
por su vulnerabilidad
socioeconómica;
debe cumplir además,
con la aplicación estricta
del concepto referido
Dirección de Calidad de Vida, 2009 de vivienda digna. En
ese sentido, resulta clarificante
lo señalado por
la Sala Constitucional 50 ,
en punto a que si bien es cierto no se ha considerado
el bono de vivienda como un derecho fundamental,
sino más bien, como beneficio creado por el Estado,
como una ayuda económica otorgada a familias de
escasos recursos en cumplimiento de los derechos
y garantías establecidos en la Constitución Política,
específicamente, en el numeral 65, “…lo cierto es que
el mismo, debe de ser ejecutado de la mejor manera
posible. En otros términos, estima este Tribunal, que
el deber del Estado de promover la construcción de
viviendas de interés social o “populares”, no se agota
con facilitar la obtención de una casa donde puedan
vivir las personas de escasos recursos, sino que, debe
de desplegarse una adecuada vigilancia tendente a
verificar que se trate de una vivienda digna, bien construida,
con acceso a los servicios básicos y ubicada
en un lugar seguro, donde no corra peligro la vida del
beneficiado ni la de su familia, así como tampoco su
patrimonio familiar. “ El destacado no es del original.
“La Seguridad Humana implica, ente otras cosas, la
protección de las libertades fundamentales, la protección
de la gente de amenazas y situaciones críticas y
omnipresentes, así como la creación de sistemas
políticos, sociales, ambientales, económicos, militares y
culturales que, cuando se combinan, le dan a la gente las
bases para sobrevivir, ganarse la vida y tener dignidad. En
este sentido, el disfrutar de una vivienda digna le permite
a quienes la habitan estar protegidos de los elementos
de la naturaleza y vivir en condiciones seguras, libres
de amenazas y de situaciones que atenten contra su
bienestar físico y mental y su privacidad.”
De tal forma, es propio de la legislación de desarrollo,
particularmente de la legislación de protección,
establecer los presupuestos, condiciones y requisitos
50 Sala Constitucional, Voto No. 2007-05941