if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo II: Informe de Gestión Dirección de Protección Especial 191
Es ineludible la atención diferenciada por cuanto las
personas con discapacidad tienen necesidades específicas
para su movilización, que de no tomarse en
consideración, atentan contra la seguridad, corriendo
peligro su vida o su integridad física.
4. La inseguridad de la orilla de la calle: ¿Y las
aceras accesibles
Entre las quejas recibidas por violaciones al derecho
de acceso a los espacios públicos, figura la de un
habitante que denunció los problemas que se le presentan
para movilizarse por el sector de Cucubres
de Desamparados, debido a la ausencia de aceras
o por su mal estado 16 . Su caso solo es un ejemplo,
pues tanto ante esta Defensoría como ante la Sala
Constitucional son frecuentes las quejas, que presentan
muchos habitantes con discapacidad, por las
dificultades y peligros que deben enfrentar cuando necesitan
“salir a la calle” y para transitar deben hacerlo
por la orilla de la carretera porque o no hay aceras o
son inaccesibles.
Como es sabido, el artículo 75 del Código Municipal
dispone que es obligación de los propietarios y
poseedores “construir las aceras frente a sus
propiedades y darle mantenimiento”. Es importante
agregar que como el habitante presenta discapacidad,
la ausencia o el mal estado de las aceras dificultan aún
más su derecho de libre tránsito. Este estado de cosas
debe superarse, pues aunque los centros urbanos se
hayan diseñado y construido sin contemplar las necesidades
de movilización de todos los sectores de la
población, entre los cuales se encuentran las personas
con discapacidad, deben adecuarse a las condiciones
y necesidades de todas las personas.
Con ese ánimo e intención, se han adoptado diferentes
instrumentos jurídicos internacionales que
establecen la obligación de los Estados de adaptar el
espacio físico, el cual obviamente abarca las aceras,
a las necesidades de las personas con discapacidad.
Entre tales instrumentos están la Convención
Americana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad
y la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
De ahí la importancia de que las municipalidades de
todo el país incluyan dentro de su planificación la
adopción de medidas de inspección, para garantizar
que las y los vecinos del cantón no sólo construyan
sus respectivas aceras, sino que cumplan con las especificaciones
técnicas de accesibilidad.
16 Corresponde al Expediente N° 23281-2008-SI.
5. Los riesgos del retorno a casa: Los procesos
forzosos de desinstitucionalización psiquiátrica
Según la concepción tradicional, las personas con
trastornos mentales son individuos que no pueden vivir
con el resto de la población; por lo tanto, deben permanecer
aislados en centros hospitalarios donde reciban
atención psiquiátrica, para que no causen problemas.
Pero, paulatinamente, después de muchos años de
encierro, esa percepción ha ido cambiando y se ha
llegado a la conclusión de que para muchos pacientes
sus núcleos familiares son el mejor ambiente para su
recuperación, obviamente acompañado de tratamientos
adecuados.
Sin embargo, el proceso de reinserción familiar de las
y los pacientes que han residido durante muchos años
en hospitales, requiere de especial cuidado y de un
seguimiento cercano de parte del personal de salud de
los hospitales psiquiátricos.
En ese sentido, la Defensoría tramitó una denuncia
concerniente a las condiciones en las que se trató
de reinsertar en su familia originaria a una persona
que estuvo internada durante muchas décadas en el
Hospital Nacional Psiquiátrico. El caso tiene matices
desgarradores pues, sin pretender sobredimensionarlo,
es una tragedia que una persona haya estado
internada durante 43 años innecesariamente, aún con
base en los criterios de la época de su ingreso –según
así lo manifestó el Dr. Mariano Vargas, funcionario de
ese centro de salud, en una reunión llevada a cabo en
esta Defensoría-.
Es cierto que la Defensoría de los Habitantes está a
favor de los procesos de desinstitucionalización de pacientes
del Hospital Psiquiátrico, pues esa institución
no es un asilo en el que las personas deban residir en
forma permanente; es un hospital en el que las estancias
deben extenderse solo lo estrictamente necesario
conforme al tipo de enfermedad que presentan las y
los pacientes; pero el internamiento prolongado creó
lazos de dependencia institucional y devino en el desarraigo
familiar de muchos pacientes que, ahora, no
pueden sencillamente ser devueltos a unos parientes
desconocidos para ellos y que los desconocen. Si se
trata de hablar de responsabilidades, el Estado debe
asumir la fuerte cuota de responsabilidad por haber
propiciado tal tipo de medidas coercitivas.
El proceso de desinstitucionalización debe ser garante,
en primera instancia, de la protección de los derechos
del o la paciente. En procura de esto es necesario
que, de previo, se analice el historial biopsicosocial del
paciente y de la familia, así como las condiciones socioeconómicas
de ésta, a efecto de valorar los ajustes