if08-09 - Asamblea Legislativa

266 Defensoría de los Habitantes
Informe Anual de Labores 2008-2009
En este sentido, como parte de controles previos,
la Contraloría señala la obligación de que las y los
donantes rindan declaraciones juradas, de no tener
intereses económicos directos o indirectos en el plan
regulador y una constatación de que las y los donantes
no tienen vínculos con los posibles beneficiarios,
indicando que un funcionario público de la Universidad
debe ser la persona responsable que asuma la dirección
y desarrollo en el proceso de elaboración del plan
regulador.
Llama la atención de la Defensoría, este último dictamen
de la Contraloría,
en vista de que el mismo
Órgano fiscalizador fuera
el que planteara la demanda
en lo Contencioso
Administrativo, entre muchos
y variados temas,
por el riesgo implícito e
ilegalidad de la elaboración
de planes reguladores,
en manos de sujetos
de derecho privado que
--como fue demostrado
en el caso de Ventanas
de Osa-- pudieran pretender
posteriormente una
concesión o tener un determinado
interés.
Por otro lado, la Defensoría comprende que la
Administración Pública, pudiera no contar con el
insumo técnico, la plataforma presupuestaria, el personal
idóneo, el recurso material y un procedimiento
eficiente que permita la elaboración efectiva de planes
reguladores costeros.
Sobre el particular, es claro por una parte, que la evidente
ineficiencia del mismo Estado, para hacer frente
a procesos que han sido sumamente dilatorios con
respecto a la elaboración de los instrumentos de planificación,
la falta de recurso humano y material pudiera
hacer pensar que la idea de dejar la elaboración de
estos instrumentos en manos privadas, sea una forma
de agilizar la aprobación de estos procesos que ya per
se son suficientemente complejos; no obstante, por
imperativo legal, la potestad de planificación y ordenamiento
del territorio es una potestad pública y por lo
tanto es irrenunciable, con lo que no existe una habilitación
normativa para que sujetos de derecho privado
puedan ejercer dicha potestad, en especial, considerando
que la misma puede ser apoyada técnicamente
por el ICT o el INVU.
Uno de los mayores riesgos que enfrenta el tema, es la
práctica de empresarios que pudieran eventualmente
ofrecer financiar el plan regulador y a la vez resulten
beneficiarios de las concesiones; lo cual, además
de resultar inconveniente e irregular, constituye un
evidente conflicto de intereses que a criterio de la
Defensoría, se debe evitar a toda costa.
“Los planes reguladores costeros, constituyen la principal herramienta de ordenamiento
territorial que permite tutelar la disposición de la zona marítimo terrestre. Por ello, la
Defensoría continúa apostando por planes reguladores integrales con lo que, para poder
lograr un desarrollo adecuado, sostenible y sustentable, es más que necesario contar con
una integralidad de la dinámica y situación existente en el cantón. Los planes reguladores
fraccionados, fomentan el desorden, no permiten contar con una radiografía completa y por
el contrario, segregada de la realidad del cantón, de las necesidades de sus pobladores y no
permiten un mapeo amplio y general de las zonas de protección existentes. En este sentido
es que la Defensoría considera que el Estado costarricense, debe proceder a impulsar
el fortalecimiento de los mismos gobiernos locales y su fiscalización como parte de una
seguridad humana responsable.”
Dirección de Control de Gestión Administrativa, 2009
Agrava la situación, la preocupación de la Defensoría
respecto de las actuaciones de los gobiernos locales,
sobre de la tolerancia para con las y los empresarios,
administrados e interesados. En este sentido, continúa
la Defensoría en su lucha porque la fiscalización
municipal sea realizada de manera eficiente, efectiva y
responsable siendo que durante este año nuevamente
observó concesiones otorgadas sin un plan regulador
integral, construcciones en la zona pública marítimo
terrestre, poca coordinación con las y los actores involucrados
para la tutela de las áreas costeras, falta
de inventario de las zonas de protección, divorcio
entre ciertos gobiernos locales y el IGN en cuanto a
los amojonamientos; y una imperante necesidad de
agilizar procesos de ordenamiento territorial costero; y
en general, una falta de fortalecimiento en materia de
fiscalización.
No obstante, corresponde a los mismos Gobiernos
Locales, avocarse a la tarea ineludible e intransferible
de fortalecer su misma institución. Es claro que sin un
adecuado fortalecimiento de los Gobiernos Locales,
no se puede pretender un desarrollo integral y en ese
sentido, es imperante dejar plasmada la necesidad de
que el Estado genere las acciones necesarias para
que las Corporaciones Municipales puedan contar con
los insumos e instrumentos adecuados que les permita
hacer frente a la realización responsable de los planes
reguladores cantorales.