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RENOVACIÓN SINDICAL YDEMOCRACIA' 109
partidos en la definición de las políticas económicas y sociales y creó las
condiciones para que una mayor pluralidad de intereses tuviera la posibilidad
de ser atendida en el proceso de reforma institucional en el
mundo laboral, cerrando el paso al cambio desde arriba.
Casi todos estos procesos están bien documentados en otros trabajos
y son muy conocidos. 16 Conviene en cambio detenernos en los nuevos
criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitidos
a partir de la mayor independencia del poder judicial, después de la
reforma de 1994, porque pusieron en entredicho aspectos centrales de
los candados en los que se sostiene el viejo régimen sindical corporativo.
El paso inicial proviene de unajurisprudencia, de 1996, en la que se
consideró inconstitucional la inclusión de los organismos descentralizados
de carácter federal en el artículo 10. de la LFTSE, por lo que sus trabajadores
recobraron la posibilidad de ejercer sus derechos colectivos en
los términos establecidos en el apartado A y su ley reglamentaria, la
LFT. Tres años más tarde, la jurisprudencia se ocupó de defender la libertad
sindical del conjunto de los trabajadores al servicio del Estado,
minando la legitimidad de las estructuras corporativas obligatorias (Pérez
Arce, 1999). El alcance de esta jurisprudencia se pone de manifiesto
al considerar que la declaración de inconstitucionalidad de varios preceptos
de la LFTSE cuestiona el principio de la unidad sindical impuesta
obligatoriamente al conjunto de los trabajadores al servicio del Estado
con lo que la FSTSE y cada uno de los sindicatos que la integran quedaron
en entredicho. Esta declaración reconoce el derecho de los trabajadores
al servicio del Estado -que superan los dos millones- de formar
nuevas organizaciones a ambos niveles y, en un futuro inmediato, podría
implicar el derrumbe de dichas estructuras, sin necesidad de que se
reforme dicha ley (lo que si ocurrió, en cambio con la Ley de Cámaras).17
Además, en 2001 se declaró por primera vez la inconstitucionalidad
de las cláusulas de exclusión contenidas en los contratos colectivos. Si
bien todavía no se ha formado al respecto jurisprudencia obligatoria, se
trata de un precedente inédito que pone en jaque el principal candado
16 Véanse al respecto los trabajos reunidos por Aziz (2003).
17 A los problemas de inconstitucionalidad de la FSTSE se suma la salida de esa organización de 21
sindicatos, originada en los cuestionamientos a los métodos antidemocráticos de su dirigente, Joel Ayala
Aimeida, y en su disputa con la dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo. En conjunto, las organizaciones
disidentes, entre las que se encuentran elSNTE y e!SUTGDF, suman más de 1'600,000 agremiados, lo
que da una idea de las implicaciones de esta fragmentación que permitió poner de manifiesto los vicios
y deficiencias en la gestión de los intereses de los trabajadores al servicio del Estado tales como el autoritarismo,
la violación de los estatutos, el nepotismo y la inmovilidad en la defensa de los derechos laborales.
Véase Reforma, 6 y 7 de diciembre' de 2003.