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286 • JUAN LUIS SARlEGO RODRÍGUEZ
Como se desprende de todo lo que he venido señalando, el proceso
de reformas constitucionales en materia de derechos indígenas, que había
sido planteado como uno de los pilares de la nueva política indigenista,
acabó en fracaso, puesto que no logró resolver los dos objetivos
primordiales que le dieron origen: la paz en Chiapas y las demandas indígenas
en términos de autonomía. La reforma fue tan poco convincente
que, desde su aprobación, comenzó a hablarse, incluso entre algunos
sectores del poder legislativo, de la necesidad de emprender una "reforma
de la reforma". Hasta hoy, ninguna iniciativa ni del poder ejecutivo
12 ni del legislativo parece apuntar en tal sentido. Será preciso, pues,
esperar una nueva coyuntura política.
LA COMISIÓN NACIONAL DE DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El 19 de mayo de 2003, el presidente Fax firmó el decreto por el que se
creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(cm), organismo descentralizado de la administración pública federal, no
sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía
operativa, técnica, presupuestal y administrativa y con sede en la
ciudad de México, Distrito Federal. La CDI, como es conocida, vino a suplantar
al Instituto Nacional Indigenista, dependencia que, desde 1948,
había tenido a su cargo la política indigenista del Estado mexicano.
De acuerdo con el decreto que la creó, la comisión tiene como objeto
orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y
evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para
el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas,
de conformidad con el artículo 20. de la Constitución. Entre sus
principales funciones destacan las de:
• Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación
de los planes, programas y proyectos.
12 La posición del ejecutivo ante la decisión de las cámaras legislativas despertó todo tipo de reacciones.
Baste como ejemplo el comentario del legislador Jaime Martínez Veloz: "El presidente Fax presentó la iniciativa
Cocopa en un acto mediático de propaganda política poselectoral, perojamás la defendió. La supuesta
resignación frente al texto final del dictamen y a la desnaturalización de los acuerdos de San Andrés contrastan
con la actitud que ha asumido el Ejecutivo en la reforma fiscal o eléctrica. No hay punto de
comparación. En la reforma indígena, Fox se dice respetuoso del Congreso; en la fiscal lo descalifica, y en la
eléctrica lo chantajea, presiona e intenta avasallar" (La Jornada, viernes 13 de junio de 2003).