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RENOVACIÓN SINDICAL YDEMOCRACIA' 11:j
Pemexgate a través de la investigación oficial iniciada en 2001, sin
haberse logrado siquiera el desafuero de los legisladores del STPRM
para que procedieran las detenciones. Sin ignorar que los magros
resultados tienen también que ver con una pésima estrategia del
gobierno del presidente Fax y los legisladores de su propio partido
en el seno del Congreso que empantanó el caso e incluyó desde
posturas contradictorias en el gabinete y filtraciones periodísticas
hasta negociaciones fallidas con la cúpula del PRI, no cabe duda que
de este caso podrían hacerse dos lecturas diferentes: con optimismo
podría pensarse que hay actualmente mayores garantías para
la disidencia sindical y las posiciones contrarias al gobierno en
tanto se ha reducido, si no desaparecido, el margen de maniobra
para golpear arbitrariamente a los sindicatos de que antes se disponía.
Por el contrario, también podría interpretarse como una señal
de que los márgenes de la corrupción sindical y la impunidad
son todavía muy amplios y no existe voluntad en el gobierno para
ponerles fin, lo que constituye un signo desalentador para los esfuerzos
de renovación de los estilos de liderazgo y las prácticas en
el seno de las organizaciones sindicales y en el manejo de las empresas
estatales. A favor de este argumento juega el hecho de que
recientemente Pemex volvió a otorgar un préstamo millonario al
sindicato petrolero. 20
Junto a la disminución de la capacidad represiva del gobierno,
otras señales sugieren en cambio que se ha gestado un clima más
propicio para luchar contra los vicios en los sindicatos. Por ejemplo,
la popularidad del presidente Fax aumentó a más de 70 por ciento
cuando dio a conocer a una agencia extranjera el chantaje que pretendieron
hacer los líderes petroleros al amenazar con el estallido de
una huelga para evitar el desafuero, obteniendo aquél un respaldo
explícito de lo más variado: desde trabajadores petroleros disidentes
así como del PAN Y del PRD, del presidente Bush hasta de la Unión Europea
y la Iglesia. Si bien este amplio respaldo no supone de por sí
que vaya a ser aprovechado por el actual gobierno para poner fin a
la impunidad sindical, como se argumentó, sí constituye al menos
un indicador de que las expectativas de transparencia y apego a la legalidad
en la opinión pública están presionando al cambio en el'
mundo del trabajo.
2°Véase al respecto Proceso, núm. 1421, 25 de enero de 2004.