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POLÍTICA INDIGENISTA EN TIEMPOS DE ALTERNANCIA' 285
b) El artículo 20. habla explícitamente de los derechos indígenas, pero
en forma muy diferente a la que se utiliza en los Acuerdos de San
Andrés: la definición de pueblo indígena excluye a los que habitaban
el país antes de que se establecieran las actuales fronteras; se incluye
el principio de la autoadscripción, lo que representa un avance;
en vez de pueblos se habla de comunidades y a los primeros se
les considera sujetos de derechos colectivos pero sólo en el ámbito
municipal; se reconoce la autonomía, pero poniéndole como candados
la integridad de la nación, los principios generales de la Constitución,
los derechos de terceros, las formas de propiedad y las decisiones
de gobierno; se traslada a las Constituciones de los estados
las formas específicas del reconocimiento de tal autonomía, lo que
provocará diferencias de estatus entre pueblos que se asientan en estados
diferentes; se supedita el derecho a la elección libre de las
autoridades indígenas al pacto federal y a la soberanía de los estados;
no se reconoce el derecho al uso colectivo de los recursos naturales
ni se admite la existencia de territorios indígenas tal y como lo
planteaba la ley Cocopa; las comunidades son reconocidas como entidades
de interés público, pero no de derecho público como lo planteaba
la ley Cocopa y aunque se reconocen los sistemas normativos
indígenas se omite la obligación del poder judicial de convalidar las
resoluciones emitidas por las autoridades indígenas.
e) Se modifica el artículo 115 de la Constitución para reconocer en
el ámbito municipal, y sólo en éste, el derecho a la autonomía anulándose
así la posibilidad de la reconstitución de pueblos indígenas
dispersos en distintos municipios o estados.
d) Se plantea que sólo "cuando sea factible" se tomará en cuenta la
ubicación de los pueblos indígenas para la demarcación de los distritos
electorales uninominales, también en contra de lo que planteaba
la ley Cocopa.
e) Se enumeran una serie de programas y acciones gubernamentales
para abatir el rezago y la pobreza, pero no se legisla ni se habla
de los derechos indígenas al respecto.
j) Sólo tangencialmente se reconoce el derecho de los pueblos indígenas
a adquirir, operar y administrar medios de comunicación. ll
11 Puede verse un interesante análisis comparativo entre las reformas de 2001 y la Ley Cocopa en
Jesús Ramírez Cuevas, "Derechos indígenas. ¿Por qué está reprobada la reforma", suplemento Masiosare,
La Jornada, domingo 13 de mayo de 2001