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POLÍTICA INDIGENISTA EN TIEMPOS DE ALTERNANCIA' 289
Creo, en primer lugar, que la política indigenista del Estado mexicano
se encuentra hoy en un momento de coyuntura de transición dentro
de un ciclo más largo que se inició a principios de los años setenta,
cuando el modelo clásico del indigenismo, que se sustentaba en las teorías
de la escuela clásica de la antropología mexicana sobre la aculturación
indígena en las así llamadas "regiones de refugio" y se instrumentaba
en el principio de la acción integral, llegó a su fin. Desde entonces, el INI
fue perdiendo gradualmente las atribuciones que le daban fuerza estratégica
en campos como el desarrollo agrícola y forestal, educativo, sanitario,
etcétera. La expresión más acabada de este proceso fue la creación,
en enero de 1977, de la Coordinación General del Plan Nacional de
Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar). A partir de 1982
y como resultado de la influencia que tuvieron las tesis del etnodesarrollo
(teoría que plantea la necesidad de recuperar las capacidades culturales
y organizativas indígenas como capital valioso a la hora de promover
su desarrollo), comenzó a hablarse de "participación" y esto se
tradujo primero en la creación de instrumentos como los comités comunitarios
de planeación (Cocopas) y, posteriormente, desde 1992 a la
fecha, en la aparición del Pronasol y de los fondos regionales de solidaridad.
Algo que caracteriza todo este ciclo y lo distingue del anterior es
que la acción indigenista no se basa ya en un discurso sobre el indio y
su identidad sino más bien sobre lo que el indio no es o no tiene: es el
discurso de la pobreza, de la marginación, tema recurrente desde el Coplamar
hasta el Progresa y el programa Oportunidades. En suma, la actual
política indigenista no representa una ruptura sino una continuidad
con esa tradición.
Me parece que el eje central de la discusión actual sobre dicha política
se ubica en el dilema entre dos posturas irreconciliables: políticas
públicas versus derechos indígenas. Es decir, la cuestión a debate estriba
en decidir a quién le corresponde la autoría y la gestión de los programas
de cambio social en las sociedades indígenas: ¿al Estado -y entonces
estaremos hablando finalmente de indigenismo-- o a los propios
grupos indígenas y sus variadas formas de organización -y entonces
acabaremos por reconocer finalmente la participación y autonomía En
la primera postura es el Estado el actor principal de los procesos de
cambio de los pueblos indígenas; en la segunda, en cambio, son éstos
los actores y gestores. En definitiva es este el problema que divide hoy
a muchos sectores de la sociedad mexicana en torno al futuro del tema
indígena.