SOCIEDAD CIVIL y diversidad - Acceso al sistema - Cámara de ...

120 • GRACIELA BE~SUS.í.N
Habría que preguntarse hasta cuándo este tipo de prácticas (desde
la ausencia de elecciones sindicales confiables hasta la extendida simulación
en la organización y la contratación colectiva), en las que se ha
sustentado durante décadas el control de las organizaciones sindicales,
perdurará después de que los trabajadores han alcanzado finalmente el
derecho de elegir libremente a sus gobernantes y a votar por los partidos
y candidatos que mejor representen sus intereses. Sin embargo, todo
indica que esta respuesta depende menos de cuál sea la voluntad o la
paciencia de las bases de los sindicatos y más de la construcción de un
marco institucional con el diseño adecuado para ponerle fin y garantizar
un gobierno interno democrático, tal como sucedió en el mismo terreno
electoral.
Las restricciones en la agenda de la
reforma de la legislación laboral
El primer problema para la construcción de un nuevo orden laboral fue
que, en contra del compromiso presidencial con la promoción de la libertad
y la democracia sindicales, la agenda de la reforma legal impulsada
por su secretario del Trabajo en la Mesa Central de Decisión (2001-2002),
convocada con tal propósito, fue acotada de tal modo que dejó afuera todo
lo que hubiera podido servir para desmontar el sistema corporativo. Esta
maniobra implicó de antemano cerrar el paso a la posibilidad de una reforma
constitucional, lo que permitía conservar a las Juntas de Conciliación
y Arbitraje en el ámbito del poder ejecutivo, con su histórica integración
tripartita. Además de esta seria restricción, los procedimientos
escogidos para discutir las propuestas de cambio -provenientes del sector
empresarial y de la UNT, en tanto el CT mantuvo más bien una posición
defensiva e interesada en modificar lo menos posible el ordenamiento vigente-
implicaban colocar en un mismo plano de igualdad intereses legítimos
e ilegítimos (por ejemplo, el de los detentadores de los miles de contratos
de protección), mientras la autoridad se escudaba en una supuesta
imparcialidad y en la necesidad de construir consensos. Se rescataron con
tal intención los viejos esquemas de concertación en los que el gobierno
aparecía como árbitro, aunque ahora con un papel que aparentaba ser de
bajo perfil y tolerando una mayor pluralidad en la representación sindical,
al darle espacio a la UNT. Sin embargo, esta presencia se neutralizaba
sistemáticamente a partir del veto de todas sus propuestas por parte de
los restantes interlocutores (CT-CCE).