MONOGRAFIA_18_Discapacidad

ana sastre campo
al ir unida al ideal de la vida humana digna, que es el fin último de los derechos
humanos” y lo vincula a la independencia, en tanto que la capacidad de decidir de
forma autónoma sobre las cuestiones de su propia vida debe, no solo protegerse
sino además, promocionarse fomentando para ello los niveles de independencia.
Para proteger y garantizar ese derecho a decidir, la Convención configura la
posibilidad de que el sujeto sea asistido en la toma de sus decisiones y es importante
incidir en que se tratará de un “apoyo” y no de una sustitución de la voluntad de la
persona 48 . Este sistema de apoyos puede ser compatible con acciones puntuales de
sustitución que no estén automáticamente identificadas con la discapacidad y que
cuenten con todas las garantías legales sin discriminación alguna. De hecho esto ya
ocurre en el ámbito sanitario, pues en términos generales está previsto que el médico
valore, al margen de la discapacidad, la capacidad del paciente para entender
y hacerse cargo de su situación tal y como se recoge en la legislación que regula
el consentimiento informado por sustitución 49 . Podría entonces valorarse positivamente
que esta fuera la regla general que aplicase por igual 50 a las personas con
discapacidad. No obstante la aplicación práctica de criterios no discriminatorios en
estos supuestos puede ser problemática mientras que no se asuma plenamente el
enfoque de derechos humanos con que debe abordarse discapacidad.
En otras palabras, parece razonable suponer que la excepción al consentimiento
informado del artículo 9.2.b de la Ley de autonomía del paciente, es la que
permite al personal sanitario intervenir en situaciones de urgencia, pongamos por
ejemplo a una persona que sufre una accidente de tráfico, permanece inconsciente,
48 Este tema será abordado en esta monografía de forma más extensa.
49 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
“Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación.
…
2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la
salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos:
a. Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la
Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo estable-
cido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de
24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.
b. Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es
posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus
familiares o a las personas vinculadas de hecho a él”.
48 Teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad y demás medidas igualatorias que permitieran
la comunicación con la persona, en los términos vistos en el apartado 2.3 de este artículo.
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