MONOGRAFIA_18_Discapacidad

conflictos bioéticos y legales
en la atención sanitaria a la enfermedad mental
Se trata, en suma, de crear en última estancia unidades de infancia en las unidades
psiquiátricas hospitalarias que permiten el adecuado desarrollo del menor
de edad y una atención ajustada a sus circunstancias personales.
4. Tratamiento ambulatorio involuntario
En el tratamiento ambulatorio involuntario se solicita la intervención judicial
en los casos de personas con trastornos psíquicos graves, en los que no está
indicado el internamiento, siendo necesario conseguir que el enfermo pueda
recibir un tratamiento ambulatorio, de manera que se evite la repetición sistemática
de los internamientos no voluntarios por vía judicial (la llamada puerta
giratoria).
Es uno de los aspectos que más preocupan a los familiares en los casos en
que el enfermo, con trastorno grave de la conducta y sin conciencia de la posibilidad
de mejoría de su enfermedad, se niega al tratamiento médico que precisa
y que se le exige que asuma, con el consiguiente peligro potencial que todo ello
supone.
La iniciativa del tratamiento ambulatorio involuntario fue objeto en su día
de una proposición de ley (2004) que fue tomada en consideración a la hora de
reformar el artículo 763 de la Ley de enjuiciamiento civil 18 , aunque se frustró
posteriormente.
Desde el punto de vista judicial son diferentes los criterios que han adoptado
los órganos judiciales. Recientemente parece que se aboga por la necesidad de legislar
esta materia sobre la base de lo dispuesto en el Convenio de Oviedo, la Ley
de autonomía del paciente, la Ley de enjuiciamiento civil (en el artículo 763.1
que permanece vigente) e incluso sobre la base de la interpretación del artículo
43 de nuestra Constitución en cuanto que reconoce el derecho a la protección de
18 Se pretendía añadir un nuevo número 5 al artículo 763 que decía lo siguiente:
“Podrá también el Tribunal autorizar un tratamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico o
un período de observación para diagnóstico, cuando así lo requiera la salud del enfermo, previa propuesta
razonada del especialista, audiencia del interesado, informe del Forense y Ministerio Fiscal.
En la resolución que se dicte deberá establecerse el plan de tratamiento, sus mecanismos de control
y el dispositivo sanitario responsable del mismo que deberá informar al juez, al menos cada tres meses,
de su evolución y seguimiento, así como sobre la necesidad de continuar, modificar o cesar el tratamiento.
El plazo máximo de duración de esta medida será de 18 meses”.
93