MONOGRAFIA_18_Discapacidad

aproximación general al ámbito sanitario desde la perspectiva de
la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
y requiere de un tratamiento inmediato del que depende su vida; podemos entender
además que en esa situación la existencia de una discapacidad sería irrelevante a
los efectos de la ausencia del consentimiento. Ante un hecho de estas características
tienen más importancia otros factores que son los que fundamentarían la intervención
facultativa: probablemente el riesgo inminente para la vida del sujeto y la
imposibilidad de comunicación médico-paciente y por lo tanto la inviabilidad de
otorgar el consentimiento. En principio, respecto de las personas con discapacidad,
una aplicación escrupulosa de estos factores sería suficiente para permitir la intervención
sanitaria en caso de necesidad sin consentimiento informado.
Sí es cierto que podrían valorarse otro tipo de características que solo afectasen
a personas con discapacidad 51 y que pudieran merecer una consideración
específica, no obstante me inclino a pensar que cuando así suceda la mejor opción
será recurrir a un examen individualizado mediante un procedimiento con
garantías 52 que, si fuera necesario, bien pudiera someterse a la tutela judicial 53 .
La regulación del consentimiento informado, para ser compatible con la CDPD,
debe respetar el sistema de apoyos a la toma de decisiones con que contase el
paciente y no podrá ignorarlo salvo que, como hemos visto antes, se trate de un
caso de urgencia en el que normalmente la discapacidad no va a ser un factor
determinante para actuar sin consentimiento.
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que todo el sistema actual de incapacitaciones
judiciales deberá modificarse en línea con la Convención 54 , sería
51 Por ejemplo dudas del personal sanitario sobre la adecuada comprensión de la información por
parte del paciente debido al desconocimiento del sistema de comunicación que utiliza.
52 Y respetuoso con los derechos de las personas con discapacidad, incluido el derecho de igual
reconocimiento de su capacidad.
53 Quizá sería oportuno profundizar más en este aspecto, puesto que supone un impacto importante
de la Convención en el sistema actual del consentimiento informado tal y como lo entendemos en España,
no obstante requiere más espacio del que dispongo y pudiera exceder del encargo que he asumido.
54 Existe a ese respecto un compromiso del Gobierno asumido mediante la Ley 26/2011, de 1 de agosto,
de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
“Disposición adicional séptima. Adaptación normativa relativa al ejercicio de la capacidad jurídica
por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones.
El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, remitirá a las Cortes
Generales un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico para dar cumplimiento
al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo
relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
que las demás en todos los aspectos de la vida. Dicho proyecto de ley establecerá las modificaciones
necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las
personas con discapacidad que los precisen”.
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