MONOGRAFIA_18_Discapacidad

ioética, discapacidad y diversidad funcional
El modelo contractualista es el que típicamente se articula en torno a la figura
del consentimiento informado. Sin embargo, en el ámbito de la rehabilitación, se
producen numerosas situaciones en las que resulta complicado que el proceso de
información, evaluación de las alternativas y riesgos existentes y toma de decisiones
pueda producirse de manera adecuada, en la medida en la que la persona
con discapacidad se encuentre desorientada o en condiciones precarias para asumir
de manera completamente autónoma y acertada las opciones elegidas.
Como es bien sabido, el paternalismo ha constituido tradicionalmente un
elemento sustantivo en la relación asistencial 57 . Referido a la rehabilitación, se
ha considerado justificado cuando las personas presentan problemas cognitivos
o psicológicos que les impiden participar en la toma de decisiones 58 o cuando su
integridad física o su vida están en riesgo 59 . Sin embargo, la aplicación del modelo
paternalista en el contexto rehabilitador plantea varios problemas. En primer
lugar, la dificultad de determinar objetivamente el grado de disfuncionalidad de
la persona a la hora de desestimar sus decisiones 60 . El margen de discrecionalidad
que se produce en estas evaluaciones implica que la actuación paternalista
no debería justificarse aplicando este criterio. Por otra parte, pueden producirse
reacciones de resistencia al tratamiento que desde una perspectiva paternalista
cabría interpretar como fruto de la incompetencia o como una suerte de “rebeldía
patológica” cuando podrían ser la expresión de un deseo de autodeterminación.
Puesto que el objetivo que teóricamente persiguen los programas rehabilitadores
es el logro de la máxima independencia por parte de las personas con discapacidad,
sus intervenciones deberían huir del paternalismo para facilitar que sean
ellas quienes asuman el control de sus propias vidas. Para ello, es necesario que
57 Gracia D: Fundamentos de Bioética. Madrid : Triacastela : 2007, 41-45.
58 Caplan A: Informed Consent and Provider-Patient Relationships in Rehabilitation Medicine. Archives
of Physical Medicine and Rehabilitation, 1988, 69(5): 312–317:315.
59 Esta otra situación podría aplicarse también a personas generalmente no consideradas como discapacitadas/con
diversidad funcional.
60 En este sentido, Auerbach V y Banja J han detectado discrepancias significativas entre médicos,
psicólogos y abogados a la hora de establecer la incompetencia de personas que han sufrido daños cerebrales
postraumáticos. En Auerbach V y Banja J: Competency Determinations, en Medical-Psychiatric
Practice, vol. 2, 1993, pp. 515–535, ed. Stoudemire A y Fogel B. Washington, DC: American Psychiatric
Press; por su parte, Richard Wanlass y sus colaboradores encontraron incoherencias en la determinación
de los grados de discapacidad por parte de médicos rehabilitadores. En Wanlass R et al. Communication
Among Rehabilitation Staff: ‘Mild,’ ‘Moderate,’ or ‘Severe’ Deficits? Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation, 1992, 73(5): 477–481.
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