MONOGRAFIA_18_Discapacidad

nuria lópez-mora gonzález
Llama la atención que en la fiscalía del Tribunal Supremo no se haya creado
una fiscalía de Sala especializada en la protección de mayores y personas con
discapacidad que coordine la materia en las distintas fiscalías de España y sirva
para la unificación de criterios, y sin embargo existan tales fiscalías de sala en
especialidades también importantes, pero que carecen de organización jurisdiccional
especializada. Ésta viene siendo una constante reclamación desde todas las
áreas jurídicas y sociales.
No ha seguido en este punto la organización de la fiscalía la trayectoria de especialización
que ha acometido el Consejo General del Poder Judicial, que cuenta
en la actualidad con juzgados especializados en incapacidades y tutelas en las
principales ciudades españolas, y en aquellas en las que el volumen de asuntos
no lo permite, promueve la concentración en el mismo juzgado de los asuntos
referidos a esta materia, para evitar su reparto entre todos los órganos judiciales y
lograr mayor eficacia su resolución.
El artículo 3 del EOMF regulador de las funciones del Ministerio Fiscal,
le atribuye en su número 6 la de “tomar parte, en defensa de la legalidad y del
interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás
que establezca la ley” y en su número 7 la de “Intervenir en los procesos civiles
que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan
afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos
ordinarios de representación.”
La evolución social y especialmente de su sistema de valores han provocado
una evolución legislativa que intenta dar reflejo a la nueva realidad; el
entorno familiar no sirve para garantizar en exclusividad la protección de las
personas con discapacidad, por lo que su tutela pasa de ser ejercida bajo la
salvaguarda de la autoridad judicial (artículo 216 del Código Civil, que desde
la reforma de la Ley 13/1983 de 24 de octubre, sustituye el clásico sistema de
tutela de familia por el de autoridad, y confiere la vigilancia al juez prescindiendo
del anterior consejo de familia). Así mismo se contempla la posibilidad de
que las personas jurídicas sin finalidad de lucro puedan asumir la tutela cuando
entre sus fines figure la protección de menores e incapacitados (artículo 242
Código Civil).
La Ley 21/1987 de 11 de noviembre que reformó el Código Civil en materia
de adopción volvió a intensificar las funciones tuitivas del Ministerio Fiscal (artículo
232, que establece que la tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio
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