MONOGRAFIA_18_Discapacidad

javier sánchez-caro
la ratificación por España de la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (ratificada en
2007, B.O.E. núm. 96, correspondiente al lunes 21 abril 2008) 1 .
El citado Convenio promueve, protege y asegura el goce pleno y en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a
todas las personas con discapacidad (que incluye a las que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales); reconoce que las personas con discapacidad
tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en
todos los aspectos de la vida (no distingue, por tanto, como se hace en nuestro
Derecho entre capacidad jurídica y capacidad de obrar); obliga a proporcionar a
las personas con discapacidad el apoyo que puedan necesitar para el ejercicio de
sus derechos; en lo que se refiere a la libertad y seguridad, dispone que la existencia
de una discapacidad no puede justificar en ningún caso una privación de la
libertad (el texto habla, pues, de discapacidad y no de trastorno, que en el marco
del Derecho hace referencia, fundamentalmente, a la enajenación mental); en fin,
se reconoce a estas personas el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud
sin discriminación alguna, exigiendo el consentimiento libre e informado (objeto
de examen en otra parte de esta obra).
La Convención, en consecuencia, ha generado un debate sobre la necesidad
de modificar o sustituir por completo el sistema de incapacitación y tutela
por un nuevo modelo denominado “sistema de apoyos”, que es considerado más
respetuoso de la dignidad de la persona y que, en definitiva, consiste en reforzar
el principio de autonomía de la voluntad (a diferencia de los sistemas anteriores)
como dan prueba de ello los poderes preventivos, la autotutela y otras figuras
jurídicas que instauró en nuestro Derecho la ley de 2003 2 .
El citado principio de autonomía exige, pues, el respeto de la voluntad de
la persona protegida, así como la preservación máxima de la capacidad, postu-
1 La adecuación a nuestro ordenamiento jurídico se ha llevado a cabo en la Ley 26/2011,
de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad y el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa
a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
2 Puede consultarse el trabajo de Montserrat Pereña Vicente, Profesora de Derecho Civil de
la Universidad Rey Juan Carlos, “La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad. ¿El inicio del fin de la incapacitación?”, en la Revista Le Ley, correspondiente
al 9 de septiembre de 2011.
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