MONOGRAFIA_18_Discapacidad

francisco vañó ferre
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Esto que puede
parecer una obviedad no ha sido entendido ni aplicado en toda su literalidad por
las políticas de inclusión desarrolladas por los gobiernos.
Nuestro Estado social y democrático de derecho, tradicionalmente ha venido
abordando esta cuestión casi exclusivamente a través de políticas sociales,
asistencialistas o sanitarias, propias de lo que se conoce como modelo médico o
rehabilitador en el tratamiento de la discapacidad.
Uno de los grandes logros de la Convención ha sido el de trasladar formalmente
las políticas de inclusión de las personas con discapacidad al ámbito de
los derechos fundamentales. La posibilidad de acceder a todos los derechos por
parte de este grupo no puede limitarse a la política social, debe plantearse y ser
abordado de forma transversal en todas las políticas públicas y contar con todas
las garantías previstas para los derechos fundamentales.
Los derechos de las personas con discapacidad, ya están reconocidos en otros
tratados, como el de los derechos humanos. Como novedad, la Convención establece
la obligación, que tienen los Estados parte, de arbitrar medidas orientadas a
garantizar y promover el ejercicio efectivo de esos derechos.
El texto está integrado por 50 artículos que establecen los principios, valores
y mandatos que deben prevalecer en el respeto por los derechos humanos de las
personas con discapacidad, y que deben observar los países que ratifiquen el tratado
como es el caso de España.
Estamos todavía lejos de una situación satisfactoria. Las personas con discapacidad,
y sus familias, son aún un grupo en riesgo cierto de exclusión, que precisan
de legislación y de políticas activas y enérgicas que promuevan su inserción
y plena equiparación sociales.
Como asegura el magistrado Benigno Varela en un reciente artículo sobre
discapacidad: “En el campo de la discapacidad se hubo de pasar de una consideración
puramente médica, tendente al aislamiento y a la rehabilitación, a otra
propiamente social y jurídica de carácter integrador que postula la igualdad en la
diferenciación y que tiene su plena consolidación en la percepción del hecho de
la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos”.
Como conclusión, la discapacidad no implica necesariamente falta de salud
o enfermedad. Según la Convención, está basada en el modelo social, que define
como persona con discapacidad a ( Art.1) a “ …aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
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