MONOGRAFIA_18_Discapacidad

la discapacidad y la protección judicial de las personas con discapacidad:
el ministerio fiscal y sus atribuciones
la efectividad del control de su protección. El Tribunal Supremo se pronunció en
este sentido en pleno en el Auto de 16 de diciembre de 2008 (con anterioridad
a esta resolución se había pronunciado de forma contradictoria en numerosas
ocasiones).
6. Consideraciones finales
La nueva regulación de los procedimientos relativos a la capacidad de las
personas debe de exigir la revisión periódica de la situación exacta de la persona
incapacitada, en los juzgados que lleven el control de las instituciones de protección.
Se estima como período aconsejable el de dos años como máximo.
El procedimiento de Incapacitación no debería de tramitarse para todos aquellos
supuestos en los que, existiendo una persona con discapacidad, no hubiera
necesidad alguna de protección y sí de verificar cualesquiera de los actos del art.
271 o 272 del Civil (enajenación bienes inmuebles, partición hereditaria, establecimiento
de hipotecas u otros gravámenes…). Tal afirmación no exime al órgano
judicial de la comprobación de la situación de discapacidad y de protección suficiente
de su persona y bienes.
En los supuestos de declaración de incapacidad con sometimiento a la patria
potestad prorrogada o rehabilitada, es especialmente importante que la sentencia
judicial declare la aplicabilidad del régimen de remoción y excusas de la tutela
(art. 171 CCivil). Esta resolución impedirá que, sobrevenida la imposibilidad o
inadecuado ejercicio de la patria potestad, quede desamparada la persona con
discapacidad sobre la que se prorrogó o rehabilitó aquella. En vez de tener que
obtener la declaración de privación de patria potestad en un juicio ordinario cuya
larga duración es inevitable, se acude de forma directa al establecimiento del
régimen de tutela o curatela según el caso, por la vía procesal de la jurisdicción
voluntaria.
La discapacidad compromete a la sociedad en su conjunto, desde el ámbito
público y político como desde el privado, familiar y social; sólo coordinando las
distintas áreas de actuación podrá obtenerse la finalidad última, que no es otra que
una vida digna en igualdad de condiciones a las demás personas.
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