MONOGRAFIA_18_Discapacidad

aproximación general al ámbito sanitario desde la perspectiva de
la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
En un estudio elaborado por la Fundación La Caixa en 2012 36 se muestra que
el riesgo de que una persona tenga una discapacidad en España es de un 8% en
los hogares que no superan los 1.000 euros de ingresos, mientras que se encuentra
una persona con discapacidad solo en un 2,45% de los hogares con rentas entre
2.500 y 4.500 euros mensuales.
La adopción de medidas equitativas por parte de las Administraciones debe
permitir el acceso a servicios sanitarios mínimos que tengan en cuenta las necesidades
de las personas con discapacidad. El Estado debe además controlar la calidad
del sistema sanitario para garantizar un acceso a la salud en igualdad de oportunidades.Una
asignación equitativa y eficiente de los recursos puede además redundar
en la calidad de los mismos. En este sentido y respecto de la cartera de Servicios
Ortoprotésicos, el CERMI viene reclamando una actualización y racionalización
del gasto. La actualización de la cartera debe tener en cuenta que los productos de
apoyo forman parte del derecho de no discriminación cuando sean necesarios para
alcanzar la igualdad de oportunidades. No considerar esto da lugar a situaciones
poco equitativas como ocurre, por ejemplo, en el caso de la cobertura de la prestación
por audífonos a los mayores de 16 años; actualmente solo se financian hasta
los 16 años y con una cuantía que apenas alcanza el 50% del coste que supone el
audífono para el usuario y, sin embargo, un audífono puede condicionar el acceso a
la educación o al empleo. La equidad del sistema, de acuerdo a los principios de la
CDPD –accesibilidad, autonomía, vida independiente, etcétera–, permitirá prevenir
el detrimento económico que sufren las personas con discapacidad, un riesgo inminente
de aquellos sistemas poco equitativos que suponen un agravio económico que
perpetúa en la pobreza a las personas con discapacidad.
En el ámbito de los seguros privados de salud también ha sido necesario, a
nivel nacional, reforzar la protección contra la discriminación por discapacidad 37 .
A través de la Disposición adicional cuarta de a Ley 50/1980, de 8 de octubre, de
contrato de seguro 38 , se condena la discriminación por razón de discapacidad en
36 http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201201/12/sociedad/20120112elpepusoc_1_
Pes_PDF.pdf
37 Quiero aclarar que ante la ausencia de un sistema de salud público y si la cobertura se hiciera solo a
través de seguros privados la situación sería distinta, y debería existir una regulación más intervencionista que
permitiera una cobertura mínima que no quebrantase el principio de igualdad de acceso a la de salud.
38 Incluida por Ley 26/2011 de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención internacional sobre
los derechos de las personas con discapacidad.
73