MONOGRAFIA_18_Discapacidad

conflictos bioéticos y legales
en la atención sanitaria a la enfermedad mental
tes se controlan. Por el contrario, cuando se produce un proceso de incapacitación,
éste viene motivado por la existencia de enfermedades o deficiencias de
carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma 13
(carácter permanente).
Cuestión importante es lo que deba entenderse, desde el punto de vista
médico, por trastorno psíquico: no sólo los supuestos de enfermedad mental
sino los casos de retraso mental en sus diferentes grados y las demencias
seniles 14 .
3.3. El internamiento por razón de trastorno psíquico. Clases
Admite la ley dos clases de internamiento no voluntario por razón de trastorno
psíquico: urgente y no urgente. Antes, sin embargo, de analizar estas dos
posibilidades, conviene advertir que la expresión legal (“internamiento por razón
de trastorno psíquico de una persona que no este en condiciones de decidirlo por
sí”) no justifica o legitima el internamiento por sí mismo, ya que es necesaria una
causa explícita para tal legitimación conforme a la doctrina del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, ya vista, y recogida por nuestro Tribunal Constitucional,
que ha establecido que la perturbación mental debe revestir un carácter o amplitud
que legitime el internamiento 15 .
Cuando existen razones de urgencia, el médico puede adoptar el internamiento
de manera inmediata, en cuyo caso el responsable del centro en que se
hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal competente
lo antes posible, y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los
efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá
efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el internamiento
llegue a conocimiento del tribunal.
Con la finalidad de llevar a cabo dicho internamiento de urgencia, los centros
sanitarios pueden auxiliarse de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dado
que las situaciones personales a las que hay que hacer frente pueden, en ocasiones,
afectar a la integridad de las personas o al patrimonio de los ciudadanos.
14 Así lo hacen las clasificaciones internacionales de enfermedades mentales DSM IV y CIE-10.
15 Sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1999.
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