MONOGRAFIA_18_Discapacidad

nuria lópez-mora gonzález
en el orden penal, ampliándolas al orden civil, con la expresión residual de: “también
podrá el fiscal incoar diligencias preprocesales encaminadas a facilitar el
ejercicio de las demás funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye”, cuya
determinación en el orden civil, y en la específica labor de Protección de las personas
con discapacidad, deben examinarse desde tres planos: a) el constitucional,
b) el estatutario, y c) la legislación de desarrollo.
a) Por lo que al marco constitucional respecta, el art. 124 Constitución Española
(CE) determina la intervención del MF en el ámbito de la protección de las
Personas con discapacidad, otorgándole la condición de garante de los derechos
fundamentales y del interés público tutelado por la Ley, a lo que añade el art. 49
ya mencionado de la CE, que “Los poderes públicos realizarán una política de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran
y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título
otorga a todos los ciudadanos”.
b) Desde la perspectiva estatutaria, entre las funciones que el EOMF nos atribuye
están las enumeradas con carácter general en el art. 1: “El Ministerio Fiscal
tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de
los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio
o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales,
y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.
Ello se traduce en este ámbito, en el art. 3 EOMF, cuando determina:
“Para el cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo 1, corresponde
al Ministerio Fiscal: ...
6. Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en
los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.
7. Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido
el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o
desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación”.
Del contenido del nº 6 del art. 3 EOMF se desprende que la legitimación de
la intervención del MF por razón del interés público o social no sólo es indubitada
sino que, por ineludible, es una de las más nobles razones que fundamentan su
intervención.
c) Finalmente, la determinación de las demás funciones, que la legislación de
desarrollo civil y procesal, atribuye al MF para utilizar las diligencias preprocesa-
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