MONOGRAFIA_18_Discapacidad

lanca entrena palomero
que firme él mismo el documento y, en otro caso, por ser menor se lo piden a sus
padres, o a aquel con quien conviva, o a su tutor legal en caso de tenerlo.
Si se trata de una persona con capacidad diferente se estará a lo que determine
la resolución judicial de incapacitación y, si no, a lo que determine la autorización
judicial solicitada para el caso concreto, con todo el problema de la “urgencia”
que se entiende sucede en los casos de necesidad de asistencia sanitaria.
Pero, todo este proceso de obtención del consentimiento (y repito que es
idéntico el proceso en la toma de decisión jurídica, médica o de otro tipo) lo
debemos entender modificado por la Convención de la ONU de los derechos
fundamentales de las personas con discapacidad.
Y ¿por qué digo ésto? Porque la Convención ya no habla de “líneas claras”
entre personas “con” capacidad y personas “privadas” de capacidad por resolución
judicial, sino que está presidida por ideas nuevas, habla de “capacidad suficiente”
para la decisión concreta, lo que nos obliga a los profesionales a valorar
caso por caso.
Hablemos primero un poco de la Convención para entender su filosofía: “la
visibilidad” de este grupo de ciudadanos y, dentro del sistema de protección de
las Naciones Unidas, proclama que toda persona tiene los mismos derechos y
libertades sin distinción de ninguna índole; y reconoce que la discapacidad evoluciona;
y que resulta de la interacción entre las personas y las barreras que éstas
encuentran, debidas a la actitud y al entorno que impiden su participación plena
y efectiva en la sociedad.
Reconoce la Exposición de Motivos la importancia que, para las personas
con discapacidad, reviste su autonomía e independencia individual, incluida la
libertad de tomar sus propias decisiones, aunque para la formación de su voluntad
necesiten un apoyo más o menos intenso para poder acceder a la salud y gozar
plenamente de sus derechos.
También se estudia qué se debe entender por “ajustes razonables” y por
“diseño universal” para formar su decisión personal. Se entenderán por “ajustes
razonables” las adaptaciones necesarias que no impongan a los profesionales una
carga desproporcionada o indebida en un caso particular, para el goce o ejercicio
de todos los derechos humanos de las personas con capacidad diferente, en
igualdad de condiciones con todos los ciudadanos. Y por “diseño universal” se
entenderá el diseño que los distintos profesionales debemos crear en productos,
entornos, programas y servicios, para que puedan utilizar todas las personas.
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