MONOGRAFIA_18_Discapacidad

prefacio
sonas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud
sin discriminación por motivos de discapacidad; el artículo 23.1.b) y c) - relacionado
con la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad, alude
a la necesidad de que los Estados Partes tomen las medidas efectivas para que
las personas con discapacidad puedan libremente llevar a cabo su planificación
familiar, así como mantener su fertilidad; el artículo 26 –recoge la necesidad de
adoptar medidas efectivas y pertinentes de habilitación y rehabilitación para que
las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia,
capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación
plena en todos los aspectos de la vida–.
Además de este articulado específico sobre la salud, existen otros aspectos
de la Convención que han de ser tenidos en cuenta en la práctica de este sector:
los principios generales señalados en el artículo 3 de la Convención como el
respeto de la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las
propias decisiones, y la independencia de las personas; la no discriminación;
la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto de la
diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad,
entre otros.
Si bien el Tratado internacional ha sido generoso en recoger aspectos sensibles
relacionados con el derecho a la salud erigidos bajo el modelo social, se
percibe un desentendimiento en su aplicación por las políticas de inclusión desarrolladas
por los gobiernos que continúan abordando la discapacidad mediante
políticas asistencialistas o sanitarias, propias del modelo médico.
En España, la evolución jurídica social de la discapacidad se venía fraguando
mucho antes de la aprobación de la Convención de la ONU, la cual fue firmada
y ratificada junto con su Protocolo Facultativo e incorporada plenamente a nuestro
ordenamiento entrando en vigor el 3 de mayo de 2008. La promulgación de
leyes como la de Integración Social de los Minusválidos, de 1982 –LISMI–, o la
de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de
las Personas con Discapacidad, de 2003 –LIONDAU–, por mencionar las más
significativas; o la regulación de cuestiones relacionados con la discapacidad en
las leyes de sectores del ordenamiento como el Civil, Administrativo, Constitucional,
Laboral, etc., albergaban, de algún modo, los principios, conceptos y
valores recogidos en la Convención. Puede decirse que desde su rango de tratado
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