MONOGRAFIA_18_Discapacidad

nuria lópez-mora gonzález
blecidos en el art. 754 LEC, deberá ser notificado, cuando sea posible, a aquellas
personas a quienes les afecte, y siempre a aquellos que, haciendo uso del deber/
mandato contenido en el art. 757.3 LEC, pusieron en conocimiento de la Fiscalía
los hechos que dieron lugar a su incoación, debiéndose acreditar la recepción por
su destinatario.
En la tramitación de las diligencias preprocesales encaminadas a la averiguación
de la necesidad o no de protección de las personas con discapacidad, el
Ministerio Fiscal podrá contar en el ejercicio de las atribuciones a él encomendadas
por su estatuto orgánico, además de los médicos forenses, con la debida colaboración
de los médicos de la Seguridad Social que presten sus servicios tanto en
salud mental como en atención primaria, recabando de los mismos los informes
médicos que fueran precisos.
5.2. En la fase del procedimiento judicial de incapacitación
El Fiscal habrá de proponer y presentar cuantas pruebas conduzcan a la mayor
determinación del grado de autonomía de cada persona, con el fin de definir
de forma exacta los mecanismos de apoyo que pueda precisar.
El carácter tuitivo y de orden público del procedimiento permite la recepción
de nuevos datos en cualquier estado en que se encuentre su tramitación.
5.3. En la fase de control judicial de las instituciones de apoyo
El fiscal deberá promover el cumplimiento por el tutor, curador o guardador
de hecho de sus deberes, informando periódicamente al juzgado. Es especialmente
importante que la persona de apoyo refiera de forma específica cualquier
cambio producido en la situación de su protegido, a los efectos en su caso de
promover la modificación de su estatuto jurídico.
Consecuencia del reconocimiento a la persona con discapacidad de su derecho
al acceso a la justicia en régimen de igualdad que regula el artículo 13 de
la Convención de la ONU fue el de acudir como criterio de competencia judicial
territorial al del lugar efectivo de residencia de la persona con discapacidad de
tal forma que, si ésta cambia de domicilio y se traslada con carácter estable y de
permanencia a otro lugar, el expediente judicial habrá de ser trasladado así mismo;
así se garantiza la proximidad del juez y del fiscal a la persona, y por tanto
134