MONOGRAFIA_18_Discapacidad

el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad:
una ambición con futuro
Finalmente, querría referirme a un principio absolutamente esencial para que
el ejercicio de los derechos por parte de las personas con discapacidad sea en
igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Ese principio es el de
transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, que el artículo 2 de la
LIONDAU define como el “principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan
las administraciones públicas no se limitan únicamente a planes, programas
y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino
que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera
de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades
y demandas de las personas con discapacidad”.
Se trata, pues, de que la garantía y salvaguarda de los derechos de las personas
con discapacidad y la promoción de su vida independiente estén presentes
y sean tomadas en consideración en toda acción pública, por remota que sea su
incidencia en la esfera de los derechos. Sólo garantizando la transversalidad de
las políticas en materia de discapacidad, se puede asegurar la eficacia de las decisiones
públicas a favor de los derechos de las personas con discapacidad y la
supresión de las barreras y dificultades que, en los distintos ámbitos o territorios,
puedan dar lugar a cualquier forma de discriminación.
4. Conclusiones
La discapacidad ha recorrido un largo y difícil camino para conseguir de la
sociedad el reconocimiento de sus derechos, que ya se admiten equiparables, por
iguales o por diferentes, a los del resto de los ciudadanos sin discapacidad. El
reconocimiento nominal de ese costoso pero enorme progreso es casi completo;
en cambio, no lo es tanto en lo que se refiere a la práctica diaria, donde aún nos
encontramos ámbitos de diversa categoría en los que el ejercicio de tales derechos
es impedido o ha de superar constantes dificultades.
Llegados a este momento, se puede afirmar que ya no es una quimera creer
en un futuro en el que las personas con discapacidad nazcan, estudien, trabajen,
vivan en definitiva, junto al resto de personas sin discapacidad, participando con
normalidad en la corriente general de nuestra sociedad.
Para ello es imprescindible, y sin duda factible, mejorar las condiciones sociales,
materiales, formativas o laborales en las que viven las personas con discapacidad
y en las que ejercen sus derechos, siguiendo los principios establecidos
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