MONOGRAFIA_18_Discapacidad

ignacio tremiño gómez
En el ámbito del tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil cumplen
hoy una misión muy importante en las políticas públicas. Organizadas de
modo independiente, reúnen la voluntad de los ciudadanos y representan ante las
administraciones intereses públicos, identifican los problemas que afectan a sus
representados y proponen soluciones para ellos.
También en el ámbito de la discapacidad la representación es imprescindible
pues lidera la participación de la sociedad civil a través de las organizaciones
representativas constituidas por las personas con discapacidad. La Ley de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal da soporte
a esta necesidad de colaboración y recoge el principio denominado “diálogo
civil”, en virtud del cual “las organizaciones representativas de personas con
discapacidad y de sus familias participan en la elaboración, ejecución, seguimiento
y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de
las personas con discapacidad”. Es muy relevante el impulso que proporcionó
esta Ley a las organizaciones de discapacidad, facilitando su presencia permanente
en órganos de carácter participativo y consultivo relacionados en alguna
medida con la discapacidad.
Prueba de esa participación activa es la colaboración intensa que están teniendo
las principales asociaciones de personas con discapacidad en la elaboración de
un texto refundido que integrará las principales leyes en materia de discapacidad
desde la perspectiva ineludible de la Convención internacional sobre los derechos
de las personas con discapacidad. Es este clima de colaboración y participación
el que debe caracterizar todas las fases de las políticas públicas en materia de
discapacidad, desde su concepción y diseño, hasta su evaluación final.
Esta presencia viene a ser el último escalón de la evolución de los motivos
de la representación y tiene relación con la importancia del papel del tercer sector
en las actividades organizativas y decisorias de las cuestiones de carácter social,
en las que los ciudadanos quieren ser protagonistas y a los cuales por esta razón
el Estado debe ceder la iniciativa. Es una evolución que ha llevado a las entidades
a ser gestoras subsidiarias de recursos que anteriormente gestionaban las
administraciones, de modo que su papel no es solo representativo sino también
prestacional. En este ámbito, los poderes públicos deben promover que esa actividad
prestacional no sea fragmentada, sino coherente con las necesidades de las
personas con discapacidad, estable en el tiempo y dentro de unos parámetros de
calidad suficientes.
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