MONOGRAFIA_18_Discapacidad

conflictos bioéticos y legales
en la atención sanitaria a la enfermedad mental
lando la Convención que el respeto a la dignidad, junto con la autonomía individual,
incluye la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de
las personas.
El resultado de todo ello es que comienza a tomar fuerza una posición que
entiende que debe sustituirse el sistema basado en incapacitación y tutela o curatela
por otro llamado “sistema de apoyos”, desde el momento en que la Convención
impone la adopción de las medidas pertinentes para proporcionar acceso a
las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su
capacidad jurídica (artículo 12).
Sin embargo, como afirma el Tribunal Supremo 3 , de la Convención no se
deriva la ilegalidad de nuestro sistema que es respetuoso con la dignidad de la
persona con discapacidad, pero eso no significa que no deban llevarse a cabo
modificaciones profundas en la materia, pues la citada norma ha de servir de
impulso para llevar a cabo una reflexión seria y rigurosa sobre las reformas que
se deben afrontar.
Alguna organización (como el CERMI, -Comité Español de Representantes de
personas con discapacidad- que tanta importancia tiene en esta materia y que tantos
servicios ha prestado) entiende, mediante la interpretación de la Convención, que
hay que llevar a cabo una sustitución del actual proceso de incapacitación judicial
por otro denominado “procedimiento de provisión de apoyos para la toma de decisiones”.
Frente a esta postura encontramos la defendida por otras (como FUTU-
PEMA), que entiende que la Convención no se opone al sistema de tutela español,
dado que éste es esencialmente respetuoso con las personas con discapacidad. A
estas posiciones hay que añadir la de la Fundación AEQUITAS, que ha adoptado
una posición cercana a la del CERMI, entendiendo que el sistema de incapacitación
más tutela es incompatible con la norma internacional, destacándose, como
resultado de todo este debate, la publicación del Manual de buenas prácticas del
Ministerio Fiscal (2010).
Una materia de tanta amplitud debe ser objeto de delimitación al inicio
de estas reflexiones. En el presente trabajo nos ocupamos exclusivamente de
algunos conflictos bioéticos y legales en el marco de la atención sanitaria a
la enfermedad mental, obviando todo lo referente al tema de la discapacidad
3 Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2009
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